Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump durante el fin de semana, invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, la cual tiene como objetivo principal acelerar la deportación de migrantes señalados de integrar la banda criminal transnacional Tren de Aragua.
A través de un comunicado emitido por la Casa Blanca, señaló que “el Tren de Aragua (TdA) es una Organización Terrorista Extranjera designada con miles de miembros, muchos de los cuales se han infiltrado ilegalmente en Estados Unidos y están llevando a cabo una guerra irregular y llevando a cabo acciones hostiles contra el país”.
De la misma manera, el gobierno de Trump denunció que la banda delictiva venezolana opera en conjunto con el Cártel de los Soles, la organización narcoterrorista patrocinada por el régimen de Nicolás Maduro y con sede en Venezuela, y comete crímenes brutales, incluyendo asesinatos, secuestros, extorsiones y tráfico de personas, drogas y armas”.
“El TdA ha participado y continúa participando en la migración ilegal masiva a Estados Unidos para promover sus objetivos de perjudicar a los ciudadanos estadounidenses, socavar la seguridad pública y apoyar el objetivo del régimen de Maduro de desestabilizar las naciones democráticas en las Américas, incluido Estados Unidos”, destacó la orden presidencial de Trump.
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Juez bloquea temporalmente posible deportación
En este sentido, el primer mandatario, declaró que el Tren de Aragua “está perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de los Estados Unidos. TdA está llevando a cabo acciones hostiles y llevando a cabo una guerra irregular contra el territorio de los Estados Unidos, tanto directamente como bajo la dirección, clandestina o no, del régimen de Maduro en Venezuela”.
Sin embargo, el sábado 15 de marzo, un juez federal bloqueó temporalmente cualquier posible deportación de presuntos miembros del Tren de Aragua, que se pretenda ejecutar usando como base legal una ley de tiempos de guerra poco utilizada para acelerar la expulsión.
A través de medios de comunicación se conoció que el juez James Boasberg emitió una orden de restricción temporal vigente por 14 días. Debido a que la ley «no fundamenta la proclamación del presidente, dado que los términos invasión e incursión depredadora se refieren en realidad a actos hostiles perpetrados por cualquier nación y comparables a una guerra».
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