Washington.- El gobierno de Donald Trump afirmó que el decreto del juez federal para impedir la deportación de venezolanos a El Salvador carece “de fundamento legal”.
A través de un comunicado, emitido por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que “la Administración no se negó a cumplir una orden judicial. Ésta, carente de fundamento legal, se emitió después de que extranjeros terroristas de TdA (siglas de la banda criminal transnacional Tren de Aragua) ya hubieran sido expulsados del territorio estadounidense. La orden escrita y las acciones de la Administración no chocan”.
The Administration did not ‘refuse to comply’ with a court order. The order, which had no lawful basis, was issued after terrorist TdA aliens had already been removed from U.S. territory. The written order and the Administration’s actions do not conflict. Moreover, as the Supreme… https://t.co/DnjUsuWTLH
— Karoline Leavitt (@PressSec) March 17, 2025
No tiene jurisdicción sobre la gestión de asuntos exteriores
De la misma manera, enfatizó que “además, el Tribunal Supremo ha dejado claro en repetidas ocasiones que los tribunales federales generalmente no tienen jurisdicción sobre la gestión de asuntos exteriores del presidente, sus facultades bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y sus facultades fundamentales que establece el Artículo II (de la Constitución) para expulsar a terroristas extranjeros de territorio estadounidense y repeler una invasión declarada”.
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En este sentido, destacó que “no solo juez de una sola ciudad no puede dictar los movimientos de una aeronave que transporta terroristas extranjeros que iban a expulsarse físicamente de territorio estadounidense”.
Es de recordar, que el juez federal James Boasberg había prohibido la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros contra la deportación de cinco venezolanos y poco después de la misma amplió su veto para cubrir a todos los no ciudadanos bajo custodia de EE.UU. que estarían sujetos a dicha normativa.
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