Raleigh, NC.- El debate sobre la presencia de la Patrulla Fronteriza en Carolina del Norte sumó un nuevo capítulo después de que el gobernador Josh Stein publicara una declaración en la que pidió serenidad, respeto a la ley y vigilancia ciudadana. El mensaje surgió mientras continúan las denuncias por detenciones recientes que generaron preocupación en sectores de Charlotte con alta presencia de inmigrantes.
Stein afirmó que la seguridad pública ocupa el primer lugar en la agenda estatal y señaló que el objetivo principal debe centrarse en detener a delincuentes violentos y narcotraficantes. Expresó inquietud por operativos recientes de ICE y la Patrulla Fronteriza en distintas ciudades del país, incluidos episodios fuera de Carolina del Norte. Según el gobernador, la mayoría de las personas detenidas en esos operativos no contaba con antecedentes criminales y, en algunos casos, se trataba de ciudadanos estadounidenses.
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El gobernador instó a los habitantes del estado a recordar los valores que caracterizan a Carolina del Norte: «Respeto por la ley, convivencia pacífica y apoyo mutuo». También llamó a evitar provocaciones y a mantener el enfoque en la justicia. Stein animó a los residentes a documentar cualquier conducta inapropiada por parte de agentes federales mediante grabaciones y a reportarla a las autoridades locales, que —según afirmó— permanecen comprometidas con la protección de la comunidad.
El mensaje se difundió en medio de un clima tenso provocado por protestas, reportes de presencia de la Patrulla Fronteriza en Charlotte y llamados de organizaciones comunitarias que solicitan mayor transparencia y límites a los operativos. Líderes locales respondieron a la declaración del gobernador con llamados a fortalecer la comunicación entre residentes y autoridades, especialmente en zonas donde la incertidumbre aumentó en los últimos días.
Stein aseguró que continúa en contacto con agencias estatales y locales para supervisar el desarrollo de la situación. También reiteró su compromiso de garantizar seguridad, respetar el estado de derecho y apoyar a la población mientras la intervención federal permanezca activa en el estado.
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La declaración busca disminuir la tensión en un momento en que comunidades inmigrantes siguen expresando temor por la presencia de agentes federales. Organizaciones de derechos civiles, grupos de apoyo legal y residentes afectados esperan que el diálogo entre autoridades avance hacia protocolos más claros que protejan tanto la seguridad pública como los derechos individuales.
