Washington.- El Departamento de Justicia (DOJ) anunció un acuerdo de liquidación tras una demanda que alegaba que el Departamento de Estado bajo la administración Biden silenció y censuró activamente discursos de ciudadanos estadounidenses.
En un comunicado explicaron que el litigio se centraba en el ya clausurado «Centro de Compromiso Global», el cual habría financiado tecnologías utilizadas por entidades privadas y redes sociales para degradar, desmonetizar y suprimir opiniones protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución.
Detallaron que este acuerdo implementa la Orden Ejecutiva del Presidente Trump, «Restaurar la Libertad de Expresión y Terminar con la Censura Federal», la cual reconoce que el gobierno anterior infringió los derechos constitucionales bajo la excusa de combatir la «desinformación».
🚨Justice Department Settles Lawsuit Challenging Biden State Department’s Alleged Social Media Censorship
“The weaponization of the Biden Administration against the American people who they disfavored is over,” said Acting Attorney General Todd Blanche. “This settlement is… pic.twitter.com/uT0nmXXByz
— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) April 10, 2026
No tiene competencia para promover herramientas de censura
El Fiscal General, Todd Blanche, declaró que la «instrumentalización» del Estado contra las personas con opiniones desfavorecidas ha terminado, asegurando que el acuerdo corrige un error histórico perpetrado contra la ciudadanía estadounidense.
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Por su parte, el Fiscal General Asociado, Stanley E. Woodward, Jr., enfatizó que las élites progresistas no podrán expulsar los puntos de vista conservadores de la plaza pública. El Departamento de Justicia reafirmó que el Gobierno Federal no tiene competencia para promover herramientas de censura contra los medios nacionales o sus ciudadanos.
De la misma manera, la resolución del caso, identificado como Daily Wire v. Dep’t of State, garantiza que las prácticas ilegales de supresión de discurso no se repetirán en el futuro.
En este sentido, el Departamento de Justicia destacó que prioriza el derecho de la población a participar en el debate público sin temor a represalias gubernamentales.
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