Washington.- Tras 45 días del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la administración reportó una mejora significativa en la operatividad de los aeropuertos del país gracias a medidas de emergencia.
Así lo anunció la Casa Blanca, en un comunicado, en el que indicaron que la decisión del Presidente de Donald Trump de declarar una emergencia nacional para pagar a los oficiales de la TSA, quienes comenzaron a recibir sus cheques hoy tras semanas de impago, ha reducido el ausentismo laboral y mejorado los niveles de personal en puntos críticos.
De la misma manera, destacaron que como medida adicional para mitigar la presión sobre el sistema de aviación, el Ejecutivo desplegó oficiales de ICE en los principales aeropuertos de la nación.
Precisaron que estos efectivos están asistiendo en labores de control de multitudes, logística, seguridad de accesos y verificación de identidad. Esta estrategia busca mantener el flujo de viajeros y el orden en las terminales, mientras los oficiales de la TSA se reintegran plenamente a sus funciones de inspección técnica.
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Tiempo de espera disminuye en aeropuertos
Por otro lado, la Casa Blanca, enfatizó que reportes de diversos medios de comunicación, incluyendo AP y CNN, confirman que los tiempos de espera en aeropuertos con cuellos de botella históricos, como Atlanta, Houston y Nueva Orleans, han disminuido notablemente este lunes.
Resaltaron que a pesar de la congestión registrada durante el receso de primavera (Spring Break), los centros de transporte como el Aeropuerto BWI Marshall han comenzado a estabilizar sus operaciones, devolviendo cierta normalidad a los viajeros estadounidenses que enfrentaron filas de hasta cinco horas en días pasados.
En este sentido, el gobierno advirtió que la crisis subyacente persiste debido a la negativa de los legisladores demócratas de financiar programas de seguridad nacional. Mientras el alivio a corto plazo para la TSA está en marcha, decenas de miles de otros trabajadores del DHS continúan sin recibir su salario.
Por último, la administración hizo un llamado al Congreso para que ponga fin al cierre y apruebe una legislación de financiamiento responsable que priorice la seguridad de los ciudadanos por encima de demandas políticas.
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