Demandan a Minnesota para proteger el deporte femenino

Washington.- La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda formal contra el Departamento de Educación de Minnesota (MDE) y la Liga de Escuelas Secundarias del Estado de Minnesota (MSHSL), alegando discriminación por razón de sexo.

En un comunicado, explicaron que la denuncia sostiene que las políticas estatales actuales, al permitir que atletas biológicos masculinos compitan en categorías exclusivamente femeninas e ingresen a espacios íntimos como vestidores y baños para niñas, violan los principios fundamentales del Título IX.

Según el DOJ, estas prácticas ignoran la realidad biológica y crean un entorno educativo hostil y desigual.

Al respecto, la fiscal general, Pamela Bondi, subrayó que la administración no tolerará políticas estatales que socaven la equidad en el campo de juego.

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«Este Departamento de Justicia se enorgullece de asociarse con el HHS y el Departamento de Educación para proteger a nuestras niñas en Minnesota y en todo el país», afirmó Bondi.

De la misma manera, señalaron que la demanda busca una compensación por daños, así como medidas cautelares que impidan que las instituciones que reciben fondos federales (estimados en más de $3 mil millones para el MDE) continúen implementando normativas que el DOJ califica como «ideología de género radical».

Respaldan la acción legal

Por su parte, el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy, Jr., y la Secretaria de Educación, Linda McMahon, respaldaron la acción legal enfatizando la seguridad y la dignidad de las estudiantes. McMahon señaló que permitir que los hombres dominen los deportes femeninos erosiona el derecho al acceso igualitario en los programas educativos.

El DOJ argumenta que Minnesota ha cedido la responsabilidad de las políticas atléticas a la MSHSL, pero que el estado sigue siendo responsable de garantizar que sus subreceptores de fondos cumplan con las leyes federales de antidiscriminación.

En este sentido la demanda alega que las políticas de Minnesota no solo privan a las atletas de sus trofeos y récords obtenidos con esfuerzo, sino que las exponen a riesgos físicos y daños psicológicos. Con esta acción legal, el Gobierno Federal busca reafirmar que el cumplimiento del Título IX es una condición innegociable para recibir financiamiento público.

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