Washington.- La congresista republicana María Elvira Salazar (R-FL) firmó oficialmente una petición de descarga para forzar una votación en el pleno del Congreso sobre el proyecto de Ley de TPS para Venezuela de 2025 (H.R. 3310).
En un comunicado, Salazar explicó que esta iniciativa bipartidista, presentada junto a los congresistas Darren Soto (D-FL) y Debbie Wasserman Schultz (D-FL), busca proteger a cientos de miles de venezolanos de la deportación, otorgándoles una extensión de 18 meses de su estatus legal y permisos de trabajo mientras las condiciones en su país de origen sigan siendo inestables.
Explicaron que a pesar de la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 y ciertos avances en la transición política, como la liberación de presos políticos, la congresista Salazar enfatizó que Venezuela aún no es un lugar seguro para el retorno.
«Es alentador ver señales de progreso, pero la realidad es que queda mucho por hacer», afirmó Salazar. La legisladora, que representa a miles de venezolano-estadounidenses, subrayó que esta acción legislativa es un compromiso ético con quienes huyeron de la represión y la crisis humanitaria.
Aunque vemos señales de progreso en Venezuela, la realidad es que aún queda mucho por hacer y el país aún no es seguro para muchos.
Por eso firmé una petición para llevar al pleno la Ley de TPS para Venezuela y obligar al Congreso a votar, extendiendo estas protección por 18…
— Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) March 25, 2026
Beneficiarán a miles de venezolanos
Recordaron que el proyecto de Ley de TPS para Venezuela de 2025 surge como una respuesta técnica y humanitaria para brindar estabilidad temporal a una población que ha sido clave en la economía del sur de la Florida.
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En este sentido, Salazar, destacó que al utilizar el mecanismo de la petición de descarga, busca eludir los bloqueos en los comités y garantizar que cada miembro de la Cámara de Representantes tenga la oportunidad de votar.
Según datos del proyecto, esta medida impactaría directamente en la seguridad jurídica de aproximadamente 400.000 venezolanos que actualmente residen bajo este estatus en territorio estadounidense.
Por último, Salazar reiteró que la protección debe ir acompañada de procesos rigurosos de verificación. El objetivo final es evitar que familias integradas a la sociedad estadounidense sean obligadas a regresar a un entorno que, aunque en transición, todavía enfrenta desafíos significativos en materia de seguridad y derechos humanos.
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