New York.- Cuatro individuos fueron arrestados y acusados de participar en una red criminal que operaba una firma de abogados ficticia llamada «CM Bufete de Abogados Consultoria Migratoria».
Según la acusación publicada en un comunicado el Distrito Este de New York , indicó que los sospechosos, tres de ellos capturados en el Aeropuerto de Newark cuando intentaban huir a Colombia.
Explicaron que se hacían pasar por abogados de inmigración para estafar a sus víctimas. Los cargos incluyen fraude electrónico, conspiración para el lavado de dinero y suplantación de funcionarios federales de los Estados Unidos.
De la misma manera, indicó que el esquema operaba principalmente a través de Facebook. Donde el grupo solicitaba clientes y cobraba honorarios de cientos a miles de dólares por servicios legales inexistentes.
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Destacaron que ninguno de los acusados cuenta con licencia para ejercer el derecho en los Estados Unidos. Para dar apariencia de legalidad, enviaban documentos falsos con sellos oficiales del gobierno que hacían creer a las víctimas que sus casos reales estaban siendo procesados con éxito ante las autoridades migratorias.
Suplantaron a agentes de migración
Por otro lado, señalaron que la sofisticación del fraude incluía la realización de procesos judiciales falsos, como entrevistas de asilo y audiencias por videoconferencia. En estos montajes, los acusados utilizaban togas judiciales y uniformes policiales frente a fondos que simulaban salas de tribunales y oficinas gubernamentales.
Explicaron que durante estas sesiones fraudulentas, los estafadores obtenían información personal sensible y datos de identificación de las víctimas, suplantando a jueces y agentes de USCIS y CBP.
Indicaron que esta actividad criminal tuvo consecuencias devastadoras para los afectados, ya que muchos faltaron a sus citas reales en las cortes de inmigración al creer que sus problemas estaban resueltos.
Por último, señalaron que al menos una víctima recibió una orden de deportación debido a este engaño. La investigación ha identificado más de 100.000 dólares en transacciones fraudulentas y, de ser hallados culpables, cada acusado podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión.
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