Washington.- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una denuncia de confiscación contra el petrolero Skipper y su carga de aproximadamente 1.8 millones de barriles de crudo provenientes de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).
En un comunicado publicado por el FBI el viernes 27 de febrero detalló que el buque fue incautado en alta mar en diciembre de 2025 tras determinarse que formaba parte de una red de financiamiento para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y su Fuerza Qods, organizaciones designadas como terroristas.
De la misma manera, la fiscal general, Pamela Bondi, afirmó que bajo el liderazgo del presidente Trump se ha puesto fin a la era de financiar secretamente regímenes que amenazan la seguridad nacional.
Por otro lado, el comunicado indicó que la investigación reveló que el Skipper operaba como un «buque fantasma», utilizando tácticas de suplantación de ubicación, banderas falsas y registros fraudulentos para evadir sanciones internacionales. Entre 2021 y 2025, la embarcación transportó crudo desde Irán y Venezuela hacia diversos puntos del globo, incluyendo regímenes aliados como el de Siria.
Acotaron que en su última operación documentada en noviembre de 2025, el buque cargó petróleo en la Terminal de José, en Venezuela, con el objetivo de entregar gran parte del cargamento a la estatal cubana Cubametales.
United States Seeks Forfeiture of Oil Tanker and 1.8M Barrels of Crude Oil That Supported Iran and Venezuela: https://t.co/d5xx3buaBq pic.twitter.com/m38gjnmmsQ
— FBI (@FBI) February 27, 2026
Desmantelarán las redes financieras
En este sentido, el director del FBI, Kash Patel, destacó el compromiso de la agencia para desmantelar las redes financieras que los adversarios extranjeros utilizan para desestabilizar la seguridad internacional.
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Por su parte, el Fiscal General Adjunto de la División de Seguridad Nacional, John A. Eisenberg, señaló que estas flotas operaban anteriormente con impunidad, generando miles de millones de dólares en ingresos ilícitos.
Por último, las autoridades subrayaron que los beneficios de estas ventas de petróleo se destinan a actividades malignas, incluyendo la proliferación de armas de destrucción masiva y abusos a los derechos humanos.
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