California.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un fuerte pronunciamiento tras la decisión del gobernador de California, Gavin Newsom, de indultar a Somboon Phaymany, un ciudadano de origen camboyano condenado por intento de asesinato y asalto con arma de fuego.
En un comunicado, explicaron que según las autoridades federales, estas condenas habían provocado la revocación de su residencia permanente y una orden final de deportación en 2019.
Sin embargo, alertaron que el perdón otorgado por el gobierno estatal permite al individuo reabrir su proceso migratorio y permanecer en territorio estadounidense, evitando su expulsión.
Al respecto, la subsecretaria Tricia McLaughlin calificó la medida como una «locura absoluta», argumentando que las políticas de «santuario» priorizan a delincuentes sobre la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.
El DHS sostiene que, al eliminar las condenas que hacían al sujeto deportable, el gobernador Newsom está interfiriendo directamente con la aplicación de la ley federal.
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Alertan el riesgo a las comunidades
Asimismo, la administración federal enfatiza que este tipo de acciones envían un mensaje equivocado y ponen en riesgo la integridad física de las comunidades al permitir que criminales convictos eviten las consecuencias migratorias de sus actos.
Por otro lado, reiteraron que bajo la dirección del presidente Trump y la secretaria Kristi Noem, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha intensificado los esfuerzos para arrestar y remover a extranjeros con antecedentes penales.
Detallaron que los datos oficiales revelan que, hasta febrero de 2026, ICE mantiene más de 33.000 órdenes de detención activas en prisiones de California. No obstante, las autoridades federales denunciaron que, desde inicios de 2025, más de 4.500 extranjeros delincuentes han sido liberados de cárceles locales sin que se respetaran los trámites de custodia solicitados por la agencia migratoria.
El comunicado concluye con un llamado al gobernador Newsom para que instruya a todas las jurisdicciones del estado a cooperar con las órdenes de detención de ICE. El gobierno federal reiteró que la protección de la paz pública depende de una coordinación efectiva y que continuarán persiguiendo la remoción de aquellos que representen una amenaza para la seguridad nacional.
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