Georgia.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos, anunció que un jurado federal en el Distrito Norte de Georgia acusó formalmente a dos migrantes hondureños por tráfico y explotación infantil
En un comunicado, indicaron que los detenidos identificados como Luis Adolfo Mendoza Fonseca (30 años) y Rosmery Yamibel Castillo Fonseca (25 años), fueron acusados por el contrabando de una menor nicaragüense de 15 años.
Según la acusación, los implicados, que residían ilegalmente en EE.UU., utilizaron una identidad robada y una solicitud de patrocinio fraudulenta ante la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) para obtener la custodia de la joven.
Explicaron que la investigación reveló que Mendoza Fonseca inició una relación romántica en línea con la menor en la primavera de 2024, pagando su viaje desde Nicaragua hacia la frontera de Texas bajo la identidad falsa de una niña hondureña.
Acotaron que por su parte, Castillo Fonseca instruyó a la menor para que mintiera a las autoridades migratorias afirmando que eran primas, facilitando así que el hombre de 30 años pudiera acceder a la adolescente de 15 años en una situación de depredación.
Honduran Nationals Illegally in the United States Indicted on Alien Smuggling and Fraud Charges Related to the Sponsorship of Unaccompanied Alien Childhttps://t.co/sGQ3eSfm9M
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) February 17, 2026
La menor está a salvo con las autoridades
Al respecto, el fiscal federal Theodore S. Hertzberg calificó el esquema como un «engaño coordinado» destinado a explotar a una niña vulnerable mediante la manipulación de programas gubernamentales de protección.
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Asimismo, indicaron que ambos acusados admitieron posteriormente ante proveedores de cuidado infantil que la menor no era quien figuraba en los documentos y confirmaron la relación romántica con Mendoza Fonseca. La menor ha sido retirada de la situación de peligro y puesta a salvo por las autoridades.
En este sentido, los acusados enfrentan cargos por conspiración para inducir la entrada ilegal de un extranjero y por realizar declaraciones falsas al gobierno, con penas máximas que alcanzan los 10 años de prisión.
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