Sarasota.- La secretaria de Seguridad Nacional (DHS) Kristi Noem anunció el lunes 20 de octubre los resultados de una serie de operativos de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Sarasota, Florida.
En un comunicado del DHS, detallaron que estos operativos están enfocados en la captura de «los peores de los peores» criminales extranjeros con presencia de indocumentados en el centro y sur de Florida.
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Detallan que incluyeron a varios detenidos
De la misma manera, señalaron que los arrestos, parte de una estrategia intensificada bajo la administración Trump, han sacado de las calles a individuos con condenas previas por algunos de los crímenes más atroces, incluyendo homicidio, incesto con menores y agresión sexual infantil.
«El presidente Trump desató a ICE para perseguir a los peores de los peores criminales ilegales», declaró la Secretaria Noem.
«El 70 por ciento de los arrestos de ICE son de extranjeros ilegales condenados o acusados de un crimen en los Estados Unidos. Esta estadística ni siquiera incluye a fugitivos extranjeros, aquellos condenados en otros países, miembros de pandillas y sospechosos de terrorismo», acotó Noem.
Por otro lado, revelaron la identidad y el historial de varios de los detenidos:
- Erick Carlos Artiles Ramos, de Cuba, fue arrestado con un extenso prontuario que incluye condenas por homicidio, secuestro, robo a mano armada (carjacking) y conducir bajo la influencia.
- Oscar Alfredo Retana Marroquín, de El Salvador, fue capturado con condenas previas por agresión sexual a un niño y conducir bajo la influencia.
- Arturo Sanchez Morales, de México, tenía condenas por actos lascivos con un menor, incesto con un menor y conducir bajo la influencia.
De la misma manera, señalaron que la lista continúa con individuos de Guatemala, Honduras y Venezuela con condenas por delitos graves como posesión de cocaína, violencia doméstica, fraude y asalto con armas de fuego.
Por último, destacaron que estas detenciones, según la Secretaria Noem, son una prueba del compromiso de la administración para priorizar la seguridad pública mediante la identificación y remoción de individuos que representan una clara amenaza para las comunidades locales.
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