Charlotte, NC.- Carolina del Norte vive un momento decisivo con la entrada en vigor de la Ley HB-318, prevista para este 1 de octubre de 2025. La norma, aprobada tras intensos debates en la Asamblea General, modifica de manera significativa la cooperación entre autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Miles de inmigrantes esperan con incertidumbre el impacto de las nuevas disposiciones y las organizaciones pro inmigrantes, como Siembra NC, ya han dejado clara su posición.
La HB-318, también conocida como Ch. SL 2025-85, avanzó en el Capitolio estatal el 29 de julio. En la Cámara de Representantes obtuvo 72 votos a favor y 48 en contra, mientras que en el Senado la diferencia fue de 30 contra 19. Esa mayoría permitió anular el veto del gobernador Josh Stein, quien había expresado fuertes objeciones al proyecto.
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A partir de ahora, los alguaciles deberán notificar al ICE incluso en casos de delitos menores. La lista incluye fraude, robo, suplantación de identidad, conducir bajo los efectos del alcohol, violaciones de órdenes de protección y cualquier delito menor de Clase A1. Cada detenido en cárceles de Carolina del Norte deberá pasar por una verificación de estatus migratorio. Si no existe confirmación, el centro de detención tendrá la obligación de retener a la persona hasta recibir respuesta judicial o federal.
Repercusiones en comunidades locales
Diversas organizaciones de derechos civiles reaccionaron con preocupación. El North Carolina Justice Center señaló que la ley restringe el uso de documentos de identidad consulares o municipales en hospitales, escuelas y oficinas públicas. Esa medida afectará a inmigrantes sin papeles, pero también a víctimas de violencia doméstica o personas en situación de calle que dependen de identificaciones alternativas para acceder a servicios básicos.
Otro punto conflictivo es el uso obligatorio de E-Verify, un sistema digital que comprueba la elegibilidad laboral de los empleados. Grupos comunitarios recordaron que en estados como Arizona se registraron errores y prácticas discriminatorias contra trabajadores latinos, lo que podría replicarse en Carolina del Norte.
Impacto social y económico
La HB-318 también incidirá en la asistencia alimentaria. El programa SNAP, vital para adultos sin hijos en condiciones de desempleo o trabajos precarios, enfrentará restricciones adicionales. Especialistas advierten que este cambio aumentará la inseguridad alimentaria y podría empujar a más familias hacia la pobreza.
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Con la entrada en vigor de la ley, Carolina del Norte se suma a la lista de estados que endurecen su política migratoria. El desafío inmediato recae en las comunidades locales, que deberán adaptarse a un escenario más restrictivo mientras continúan las tensiones entre seguridad pública y derechos civiles.
