Quito.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó el martes 16 de septiembre un estado de emergencia en siete provincias por un periodo de 60 días, a raíz de una «grave conmoción interna».
Así lo dieron a conocer varios medios de comunicación en Ecuador, que detallaron que la medida responde a una serie de protestas y bloqueos de vías provocados por la eliminación del subsidio al diésel y la escalada de inseguridad en el país.
En Imbabura, sector Valle del Amanecer, acabamos de remover material pétreo de la vía con maquinaria de la vía gracias al trabajo y coordinación de Policía Nacional. No permitiremos que nadie obstruya caminos por donde transitan los ciudadanos que necesitan trabajar cada día.… pic.twitter.com/Ctzj5NLNwD
— John Reimberg (@JohnReimberg) September 16, 2025
En este sentido, las autoridades ecuatorianas detallaron que las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas son las afectadas por el decreto, que busca «detener la radicalización de las acciones de hecho» y evitar una mayor afectación a la población.
Internacionales | Declaran Estado de excepción en siete provincias de Ecuador por protestas contra fin del subsidio al diésel.https://t.co/3r4uhkX4b4
— La Prensa Gráfica (@prensagrafica) September 16, 2025
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Suspenden el derecho a las reuniones en las localidades mencionadas
Por otro lado, destacaron que el decreto de Noboa señala que las movilizaciones han alterado el orden público, poniendo en riesgo la seguridad y el derecho a la libre circulación de los ciudadanos.
HABILITACIÓN DE LA PANAMERICANA NORTE
Un importante despliegue operativo de #PolicíaEcuador permitió habilitar la vía Panamericana Norte, en el sector San Miguel del Común, #DMQ.
👉 Conoce más detalles aquí.#ServirYProtegerConFirmeza pic.twitter.com/OtvLGU7GIt
— Policía Ecuador Quito – Zona 9 (@PoliciaEcZona9) September 16, 2025
En este sentido, precisaron que bajo este estado de emergencia, el derecho a la libertad de reunión ha sido suspendido en las provincias mencionadas.
Por último, indicaron que el objetivo es impedir las aglomeraciones masivas que buscan paralizar los servicios públicos. Sin embargo, el decreto aclara que el derecho a manifestarse pacíficamente sigue vigente.
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