Charlotte, NC.- El asesinato de la refugiada ucraniana Iryna Zarutska, ocurrido el 22 de agosto en un tren ligero de Charlotte, NC, marcó un punto de quiebre en la percepción de seguridad del transporte público estadounidense. El ataque, que quedó en video y se viralizó días después, expuso la crudeza del crimen y la inacción de los pasajeros que presenciaron la escena. Desde entonces, la figura del presunto agresor, Decarlos Dejuan Brown Jr., concentra la atención mediática y judicial.
Zarutska, de 23 años, perdió la vida tras recibir varias heridas de arma blanca mientras viajaba sola. Brown Jr., sentado detrás de ella, se levantó de su asiento y la atacó sin previo intercambio de palabras. La falta de auxilio inmediato de quienes se encontraban en el vagón generó un repudio generalizado y reavivó debates sobre la responsabilidad ciudadana frente a actos de violencia.
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El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg detuvo a Brown Jr., de 34 años de edad, poco después del hecho y lo acusó de asesinato en primer grado. A finales de agosto, el FBI decidió sumarse a la investigación y presentó cargos federales tras evaluar la brutalidad del crimen y la presión pública que creció con la difusión de las imágenes. Una jueza del condado Mecklenburg ordenó su reclusión sin derecho a fianza, medida que fue ratificada el 29 de agosto. El 9 de septiembre Brown fue acusado de un cargo de homicidio en un sistema de transporte público.
La defensa solicitó una evaluación psiquiátrica para determinar la competencia mental del acusado, instancia que podría incidir en el rumbo del proceso. Mientras tanto, el historial del detenido genera controversia. Brown Jr. acumulaba al menos 14 arrestos previos antes del asesinato, lo que reabrió la discusión sobre la reincidencia delictiva y las políticas de liberación bajo fianza en Carolina del Norte.
El caso Zarutska trascendió fronteras, no solo por la nacionalidad de la víctima sino también por la crudeza de los hechos y la falta de intervención de los testigos. Organismos internacionales y líderes comunitarios denunciaron la vulnerabilidad de los migrantes y exigieron medidas más firmes contra la violencia en espacios públicos.
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Decarlos Dejuan Brown Jr. se convirtió en el rostro de un debate más amplio: el límite de la justicia frente a reincidentes, la necesidad de reforzar la seguridad en el transporte público y la exigencia de justicia para una joven que buscaba en Estados Unidos un nuevo comienzo lejos de la guerra en su país natal.
