miércoles, julio 23, 2025

Cambio de domicilio sin notificación termina en arresto en Burke County

Burke, NC.- Una mujer identificada como Roxie Ann Wise enfrentará cargos tras incumplir con los requisitos legales de registro de delincuentes sexuales en Carolina del Norte. Las autoridades de Burke County iniciaron una investigación el pasado 10 de julio de 2025, luego de recibir una alerta sobre una posible violación a las normas estatales.

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Los reportes indicaron que Wise, quien figura en el registro estatal de delincuentes sexuales, había cambiado de dirección sin informar a la Oficina del Sheriff, como establece la legislación vigente. Este tipo de omisión representa una falta grave, ya que las leyes estatales exigen que cualquier persona inscrita en dicho registro notifique inmediatamente cualquier modificación de residencia.

Durante las pesquisas, los oficiales confirmaron el cambio de domicilio no reportado, lo que derivó en la emisión de una orden de arresto el 15 de julio de 2025. La operación para su localización concluyó el 20 de julio, cuando los agentes localizaron y detuvieron a Wise. Posteriormente, la llevaron a la Oficina del Magistrado de Burke County, donde recibió formalmente la notificación de la orden judicial en su contra.

Las autoridades fijaron una fianza garantizada de 2.500 dólares y programaron su comparecencia ante el tribunal para el 21 de julio de 2025. La causa se encuentra ahora en manos del sistema judicial local, que determinará las consecuencias legales del incumplimiento.

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El caso de Roxie Ann Wise vuelve a poner sobre la mesa la importancia del seguimiento riguroso a los registros de delincuentes sexuales en Estados Unidos. Este tipo de normativas busca no solo establecer un control legal, sino también ofrecer herramientas para la prevención y protección de las comunidades.

La Oficina del Sheriff de Burke County recordó en un comunicado la obligatoriedad del cumplimiento de las condiciones impuestas a quienes figuran en registros especiales, e instó a la población a reportar cualquier irregularidad que pueda poner en riesgo la seguridad de los residentes.

Las autoridades continuarán con el proceso judicial, mientras monitorean el cumplimiento de las normativas estatales por parte de otros registrados en la jurisdicción.

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