Charlotte, NC.- El Comité de Solidaridad con El Salvador en Carolina del Norte continua denunciando en sus redes sociales la detención del abogado y ambientalista salvadoreño, Alejandro Henríquez, ocurrida el 13 de mayo de 2025, mientras salía de su lugar de trabajo en la colonia Miramonte. Cinco agentes armados interceptaron el vehículo en el que se trasladaba junto a Carlos Flores, líder del Foro del Agua. Al detener el auto, esposaron a Henríquez y lo trasladaron en un carro sin distintivos oficiales.
La noche anterior, Alejandro participó en una actividad pacífica organizada por familias de la cooperativa El Bosque, en Santa Tecla, quienes enfrentan un posible desalojo. Durante esa manifestación, desarrollada frente a la residencial Los Sueños, los asistentes solicitaron públicamente la intervención del presidente Nayib Bukele. Alejandro asistió en su rol de asesor legal de la comunidad.
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En ese mismo evento, la policía detuvo al presidente de la cooperativa y pastor de la iglesia Elim, José Ángel Pérez. También intentó capturar a Alejandro y a otros dos dirigentes comunitarios, aunque en ese momento no logró hacerlo.
A pesar de los múltiples videos, fotos y testimonios que muestran el carácter pacífico de la actividad, la Fiscalía General de la República acusó a Henríquez y a Pérez de desórdenes públicos. Adicionalmente, Henríquez enfrenta un cargo por resistencia agresiva. El juzgado correspondiente ordenó prisión preventiva por seis meses para ambos, medida que ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos.
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El Comité de Solidaridad considera esta detención como parte de un contexto más amplio de desalojos forzados en zonas rurales. Según diversas organizaciones sociales, estos operativos están desplazando a miles de familias campesinas. En este clima, defensores comunitarios y ambientales enfrentan crecientes niveles de criminalización por acompañar procesos de resistencia pacífica.
Ante estos hechos, el Comité y diversas voces de la sociedad civil exigen la liberación inmediata de Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, y advierten sobre el riesgo de judicialización de quienes defienden derechos humanos y territoriales en El Salvador.
