Cumpliendo una promesa de campaña a los agricultores, Donald Trump anunció el martes que pidió a su administración que autorice la venta de combustible con hasta 15% de etanol (E15) durante todo el año.
«Les hice esta promesa durante la campaña, ¡promesa cumplida!», lanzó el presidente estadounidense durante un mitin electoral en Iowa, el principal estado productor de etanol.
Esta medida cae en el momento justo para calmar a los agricultores del corazón rural de Estados Unidos, que lo respaldaron fuertemente en la pasada elección pero hoy se quejan por la caída de las exportaciones causada por la guerra comercial iniciada por Washington y que afecta a sus exportaciones.
La utilización del E15 está actualmente prohibida en el verano para evitar la emisión de partículas contaminantes en tiempo de gran calor.
Pero los agricultores reclaman hace largo tiempo el levantamiento de esta restricción, que podría permitir generalizar la comercialización en las estaciones de servicio de un combustible particularmente rico en etanol.
Trump pidió a la Agencia de Protección del Medioambiente (EPA) que inicie el proceso de autorización de la venta de E15 durante todo el año.
El secretario de Agricultura, Sonny Perdue, saludó esta medida, que permitirá, según dijo, a los consumidores «disponer de más opciones» en las estaciones de servicio y a los agricultores colocar una mayor partida de su abundante producción de maíz.
Para satisfacer a la industria petrolera, el presidente prevé igualmente llevar a cabo una reforma del mercado de biocombustibles.
La ley sobre los biocombustibles (Renewable Fuel Standard) obliga a las refinerías a emplear cada vez más etanol fabricado a partir de productos agrícolas o, en su defecto, a adquirir créditos llamados RIN (Renewable identification number).
Este gesto no será suficiente de todas maneras para tranquilizar al sector petrolero, que milita desde hace varios años en favor de una modificación de las obligaciones impuestas a las refinerías.
«Lanzar al mercado un combustible que no es compatible con la gran mayoría de los vehículos no es acorde con los intereses de los consumidores», dijo Mike Sommers, presidente de la federación profesional del sector (API), que prevé recurrir a «todos los medios jurídicos» para intentar anular la nueva medida.
