Ciudad de Guatemala – Guatemala.- Doce años de una férrea lucha contra la corrupción de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo creado por las Naciones Unidas, llegarán a su fin el 3 de septiembre, luego de que el presidente Jimmy Morales decidiera poner fin a esta colaboración.
La polémica decisión llegó después de que el mandatario declaró non grato al comisionado Iván Velázquez, quien estaba al frente de la organización que por años buscó fortalecer un débil sistema de justicia en el país centroamericano.
En su último informe, la CICIG destacó que propició la desarticulación de 70 estructuras criminales, presentó 120 casos de alto impacto y un centenar de solicitudes de desafuero (retiro de la inmunidad a funcionarios), mientras unas 1.540 personas fueron sindicadas en investigaciones del Ministerio Público.
«En Guatemala se han logrado resultados significativos, no solo en persecución penal, sino en empoderamiento de las instituciones del sector justicia y en la generación de conciencia en la ciudadanía en torno a la relevancia de la independencia judicial», agregó Velásquez al presentar el informe en videoconferencia, debido a la prohibición de entrada al país que pesa en su contra.
La polémica salida del organismo de Naciones Unidas ocurre pese la decisión de un Tribunal Constitucional que ordenó echar atrás la medida de Morales.
La decisión de la retirada de la CICAG de Guatemala ocurrió posterior a una investigación que abrió el organismo contra un hijo y un hermano del presidente Morales, acusados de supuesta estafa al fisco, publicó el diario El País. Esta semana los familiares del mandatario quedaron absueltos.
En otra averiguación posterior, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala indagó sobre un presunto financiamiento electoral no reportado durante la campaña que llevó al poder a Morales, quien entregará el cargo el 14 de enero al presidente electo Alejandro Giammattei.
Abogados guatemaltecos interpusieron este miércoles un amparo ante la Corte de Constitucional en favor de la continuidad de las funciones de la CICIG en el país. Alegan que existe conflicto de interés en el afán de Morales de poner fin a las actividades del organismo de las Naciones Unidas.
