Sal salvador.- Un Juzgado de Instrucción aplazó este lunes para el 16 de abril la audiencia preliminar contra el expresidente de la República, Elías Antonio Saca (2004-2009), inicialmente programada para el 28 de febrero, acusado de presunto peculado, blanqueo y casos especiales de lavado de dinero.
El Órgano Judicial informó de que el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, a petición de la representación fiscal y los defensores de Élmer Charlaix, exsecretario privado de Saca, reprogramó para el 16 de abril a las 10:00 hora local (16:00 GMT) la audiencia preliminar contra el expresidente Elías Antonio Saca.
Indicó que está audiencia estaba programada para el 28 de febrero, pero “se informó de que las partes hicieron la petición al juez Rigoberto Chicas de alargar la fecha, debido a la incorporación de diligencias pendientes en el proceso”.
La Fiscalía pidió la reserva total del proceso, pero la jueza mantuvo la apertura del caso
Además de Saca, afrontarán el proceso sus exsecretarios Privado, de Comunicaciones y de Juventud, Élmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente, a los que se suman Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera, quienes, según la Fiscalía ayudaron al exmandatario a malversar 246 millones de dólares.
Tras la audiencia inicial, celebrada el 5 de noviembre de 2016, la jueza del caso, Nelly Pozas, resolvió que los imputados continuarán en prisión hasta la siguiente fase.
Pozas argumentó que la Fiscalía expuso “suficientes pruebas” que indican que los imputados, acusados de malversar 246 millones de dólares durante el mandato de Saca, “participaron en desvío de fondos”.
Cámara alega que no hay una persona en particular afectada para el embargo. Sanción fue por presunto desvío de 246 millones de dólares de Casa Presidencial
Además, la aplicadora de justicia ordenó el embargo de los bienes y cuentas de todos los imputados, según detalló el Ministerio Público.
Operaban en el interior de la Presidencia
El fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, señaló que Saca y los implicados operaban una estructura en el interior de la Presidencia que movió los 246 millones de dólares a 14 cuentas personales de los funcionarios Charlaix, Francisco Rodríguez y Pablo Gómez, de las que posteriormente retiraron 116 millones de dólares “en efectivo”, de los que lavaron 6 millones.
De ser enviados a un juicio y ser declarados culpables, los acusados podrían recibir hasta las penas máximas de cárcel de 12 años por peculado, 18 años por agrupaciones ilícitas y 15 por el delito de lavado de dinero.
Saca afronta otro proceso por cohecho activo por ofrecer, según la Fiscalía, 10,000 dólares a Ángela Avelar, “colaboradora” de la Cámara Primero de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en el que afronta un proceso por enriquecimiento ilícito, mediante un abogado para recibir información.
