Washington – Estados Unidos.- La política del gobierno federal de expulsar del país a los migrantes detenidos en la frontera ha sido prorrogada de manera indefinida para proteger a Estados Unidos de la propagación del coronavirus COVID-19.
Diversas organizaciones, sin embargo, consideran que la medida no está relacionada con la salud sino que es una decisión política que podría no levantarse durante la actual administración.
Bajo esta orden emitida por Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas queda autorizado para continuar expulsando de manera inmediata a los migrantes, incluyendo a las personas que solicitan asilo.
El secretario de Seguridad Nacional, Chad Wolf, dijo que las restricciones son una de las herramientas más críticas que tiene su departamento para «prevenir una mayor propagación del virus y proteger al pueblo estadounidense, a los oficiales de primera línea del DHS y a los que están a su cuidado y bajo su custodia de COVID-19».
La orden anterior debía expirar este miércoles. Redfield dijo que la nueva se mantendría en vigor hasta que «el peligro de una mayor introducción de COVID-19 en los Estados Unidos haya dejado de ser un grave peligro para la salud pública».
Andrea Flores, subdirectora de política de inmigración de la Unión Americana de Libertades Civiles, tiene un análisis diferente. «El objetivo de Trump no es proteger nuestra salud, sino sembrar la división y avanzar en su agenda política”.
Una posición similar tiene Eleanor Hacer, de Human Rights First. «Hay pocas dudas de que la administración Trump ejercerá esta prohibición indefinida de expulsar y bloquear a los solicitantes de asilo y a los niños durante muchos meses o más, posiblemente hasta que esta administración ya no esté en funciones».
