jueves, marzo 28, 2024

Demandan a CPB por registros corporales invasivos

Al menos 11 personas han demandado al organismo Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) acusándolo de registros corporales invasivos e injustificados, que les han costado a los contribuyentes de Estados Unidos al menos 1,2 millones de dólares.

Los demandantes acusan a CBP de violar sus derechos constitucionales y eludir las normas de la agencia, que prohíben a los agentes realizar búsquedas corporales invasivas.

De acuerdo con un extenso artículo del Center for Public Integrity en el diario The Washington Post, seis de las 11 demandas presentadas desde 2011 resultaron en acuerdos financieros que costaron a los contribuyentes más de $ 1.2 millones. Otras están pendientes y una perdió en un juicio.

Una de las demandantes es Tameika Lovell, una consejera escolar, que tras un corto viaje a Jamaica en noviembre de 2016 fue requisada por sospechas de transportar droga. Una oficial le insertó sus dedos en la vagina en la búsqueda de una prueba del supuesto delito.

Ahora Lovell ha demandado a CBP por violar sus derechos constitucionales y eludir las normas de la agencia que prohíben a los agentes realizar búsquedas corporales invasivas.

Las mujeres que presentaron estas demandas, incluidas dos menores, dicen que los oficiales de la CBP las sometieron a indignidades, como búsquedas corporales mientras menstruaban e investigación genital (que está prohibida), a pesar de no encontrar evidencia de contrabando.

Cuatro mujeres alegan además que fueron esposadas y transportadas a hospitales donde, en contra de su voluntad, se les sometió a un examen pélvico y radiografías. En uno de los casos, la demanda de la mujer afirma que fue drogada por vía intravenosa en el hospital, según las demandas.

Tales procedimientos médicos invasivos requieren el consentimiento de un detenido o una orden judicial. En dos casos, los demandantes dicen que recibieron cuentas a pagar de parte de los centros médicos.

Uno de los casos fue el de una menor hispana de 16 años, ocurrido a su regreso desde México por el puente peatonal de San Ysidro. Ella -identificada en la demanda como C.R- y sus hermanas fueron señaladas después de una alerta falsa de un perro que olfateaba drogas, afirma la demanda.

Las oficiales femeninas tomaron a C.R. a un lado y le dijeron a la niña llorosa que se desvistiera, le entregaron una toalla sanitaria, y se pusiera en cuclillas «mientras los agentes sondeaban e iluminaban con una linterna a sus áreas vaginal y anal», dice la demanda.

En otro caso, aún más dramático, una mujer afroamericana de 36 años voló al Aeropuerto Internacional de Filadelfia después de un viaje de un día a Punta Cana, República Dominicana, el 4 de diciembre de 2012, y fue sometida a 24 horas de búsqueda infructuosa de drogas ocultas.

Los oficiales «proporcionaron información falsa y engañosa» al personal sugiriendo que estaba empacando drogas, alega la demanda de la mujer, y que tendría que permanecer en una habitación «hasta que orinó y defecó en un recipiente de plástico en presencia de un oficial».

Después de un cambio de turno del personal, según la demanda, una enfermera anunció que el ritmo cardíaco de la mujer era elevado y los médicos «involuntariamente» la ingresaron debido a «posible toxicidad de una droga».

En las presentaciones judiciales, el hospital no niega la realización de un examen, la administración de sedantes por vía intravenosa, el cateterismo de la mujer para recolectar orina y la realización de radiografías y tomografías computarizadas abdominales y pélvicas.

Después de despertarse de la sedación, la demanda de la mujer afirma que la llevaron de regreso al aeropuerto y sufrió un accidente automovilístico mientras conducía su automóvil saliendo de este.

La demanda fue resuelta tras el pago de 189, 500 dólares por el Departamento del Tesoro en 2017.

 

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