Estados Unidos.- En un nuevo giro para una de las políticas migratorias más emblemáticas del gobierno del presidente Donald Trump, una corte federal de apelaciones señaló el miércoles que a partir de la próxima semana evitará que el gobierno obligue a los solicitantes de asilo a esperar en México hasta su fecha de audiencia en un tribunal de Estados Unidos, a menos que la Corte Suprema intervenga antes.
La Corte de Apelaciones del 9no Circuito en San Francisco indicó que sólo bloquearía la medida “Esperar en México” en Arizona y California, los dos estados fronterizos en los que tiene jurisdicción.
El gobierno federal dice que solicitará la intervención de la Corte Suprema y ha pedido que la medida se mantenga vigente hasta la próxima semana para que el máximo tribunal pueda emitir un veredicto. La Corte Suprema ha fallado consistentemente a favor del gobierno en materia migratoria y de seguridad fronteriza.
La corte del 9no Circuito había prohibido la medida en toda la frontera sur el viernes, pero suspendió su propia orden después de que el gobierno advirtió que habría graves consecuencias. “Esperar en México” es parte fundamental de la respuesta del gobierno de Trump al gran número de personas que se presentan en la frontera para pedir asilo.
El miércoles, los jueces señalaron que la medida “Esperar en México” ya no estará en vigor en la frontera de México con California y Arizona a partir del 12 de marzo, a menos que la Corte Suprema intervenga antes. El panel de tres jueces declinó extender su orden a las cortes del circuito federal en los otros dos estados que colindan con México: Nuevo México y Texas.
Los jueces William Fletcher y Richard Paez, ambos nombrados por el presidente Bill Clinton, dijeron que estaban al tanto de que las órdenes nacionales aplicables a lugares fuera de la jurisdicción de un tribunal “son asunto de una controversia intensa y activa”.
Reafirmaron su postura de que la medida, conocida oficialmente como “Protocolos de Protección a Migrantes”, es ilegal según las leyes de Estados Unidos que prohíben enviar a personas a países donde sus vidas o su libertad estén en riesgo debido a su raza, religión, nacionalidad, creencias políticas o pertenencia a algún grupo social en particular.
