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Ginebra – Suiza.- La alta comisionada de la ONU para la defensa de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó ante el pleno de la organización un informe elaborado por su oficina en el que se muestra la violación de los DDHH de los nicaragüenses que se oponen al actual régimen de ese país, liderado por Daniel Ortega.

Bachelet detalló con información corroborada, el registró de homicidios e intentos de homicidio presentados entre junio y julio de 2018 contra personas que se habían manifestado en las calles en contra el Gobierno de Nicaragua.

Las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos, por caso de homicidio o intento de homicidio, se registraron en el departamento de Jinotega, y “en al menos tres casos, dos de ellos en el municipio hondureño de Trojes, se confirmó que las víctimas habían participado activamente en las protestas de 2018”, detalló.

Sobre los asesinatos en zonas alejadas y en la vecina Honduras, Bachelet pidió al Gobierno nicaragüense que investigue de forma urgente esos crímenes y sancione a los responsables.

Bachelet también resaltó la severa restricción de la libertad de expresión y de asociación en Nicaragua, debido a la alta reducción del espacio cívico, motivado a la crisis política que aún no mejora.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la ONU y a la comunidad internacional en general no olvidarse de la crisis y de la represión que hoy se vive en Nicaragua, pues con dicha situación es imposible que miles de ciudadanos nicaragüenses que emigraron puedan regresar a su país.

“Más de 83.000 personas se han visto forzadas al exilio. El Estado de Nicaragua aún no asegura condiciones para garantizar el retorno voluntario de todas estas personas bajo condiciones mínimas de seguridad”, sostuvo la comisionada Antonia Urrejola, invitada por la alta comisionada Michelle Bachelet, para realizar la exposición.

Debido a la cruda realidad que muestra el informe sobre la situación que vive Nicaragua, en manos de Daniel Ortega, la Unión Europea pidió una reforma electoral que permita que se realicen elecciones democráticas. Por su parte, las delegaciones de de Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, respaldaron el informe de Bachelet y lamentaron que éste confirme la impunidad de las violaciones de los derechos humanos y  la negación a las víctimas del derecho a la justicia.

En defensa del presidente Ortega, su ministro de Relaciones Internacionales, Valdrack Jaentschke, pidió que “se deje de mirar atrás y se hable de la realidad actual” que, según él, “es muy diferente a lo descrito por Urrejola y Bachelet”.

Valdrack, aseguró que el informe fue realizado con “criterios parcializados” y en él la alta comisionada omitió “actos de terrorismo, asesinato, torturas, secuestros, extorsión y otros delitos de crimen organizado”, de los que responsabilizó los manifestantes opositores.