Los Angeles.- Son numerosas las llamadas “ciudades santuario”, que han manifestado orgullosamente su objetivo de proteger en lo posible a los inmigrantes honestos que viven dentro de sus límites: Los Ángeles, Nueva York, Seattle, Portland y muchas otras.
Sin embargo, en muchas de ellas, se sigue criminalizando a los inmigrantes indocumentados con pequeños delitos o infracciones que, bajo las nuevas reglas del gobierno de Donald Trump, ponen a cualquier persona arrestada o fichada bajo peligro de deportación.
“Si una ciudad quiere ser realmente un santuario, debe dejar de criminalizar a los indigentes, a los vendedores ambulantes y a las personas que manejan sin licencia -en estados donde los indocumentados no pueden tenerlas”, dijo Jessica Brand, directora del Proyecto de “Castigo Justo” de la Escuela de Leyes de Harvard.
Brand es la autora principal de un nuevo reporte publicado este jueves que orienta a las ciudades hacia una serie de “necesarias reformas”, en sus sistemas de justicia local.
El reporte invita a esas ciudades a cambiar agresivas leyes que criminalizan a los inmigrantes por pequeños delitos tales como vender en las calles, usar pequeñas cantidades de marihuana o ciertas infracciones de tráfico.
Brand concede que este no es un nuevo problema.
Durante años, la intersección de la filosofía policial de “ventanas rotas”, donde los oficiales arrestan por el delito más pequeño para mantener la “calidad de vida” y agresivas actividades de las autoridades migratorias como el programa “Comunidades Seguras”, produjo decenas de miles de deportaciones de inmigrantes.
“Este se ha hablado por décadas en la comunidad de derechos de los inmigrantes y los que queremos una reforma al sistema judicial”, dijo Brand. “Pero la retórica de hoy en día ha despertado a mucha gente, cuando Obama no había esa retórica, pero sí hubo muchas deportaciones. Ahora más que nunca hay que actuar”.
Esto hace que la decisión de cualquier oficial de policía en cualquier rincón del país, de arrestar a un inmigrante por pequeña que sea la infracción, conlleva el riesgo de deportación para ese individuo, sin importar si es convicto del delito o si se trata de algo pequeño.
Este tipo de cosa ocurría con regularidad en los años en que el gobierno de Obama aún no había establecido las prioridades de deportación y las órdenes ejecutivas que desincentivaron la deportación de personas sin delitos o con delitos menores.
Quien puede olvidar el caso de Juana Reyes, la tamalera arrestada en Sacramento por vender frente a un Walmart y cuyo proceso de deportación generó gran oposición tras una campaña pública en 2012.
O el caso de un padre de familia, Gerardo Hernández Contreras, quien entró al país a los 15 años en 2001 y en 2012 fue deportado de inmediato, luego de ser arrestado en San Diego por usar el celular mientras manejaba.
En la era de Trump, cualquier contacto con la ley es condena
Durante los últimos años del gobierno de Obama, las autoridades migratorias establecieron prioridades más estrictas para incentivar la deportación de personas con delitos graves, los recién inmigrados y los que tenían tres o más delitos menores.
Además, se suspendieron programas como “Comunidades Seguras”, que obligaban a las ciudades a retener bajo custodia a personas detenidas hasta que ICE las recogiera, y muchos estados y localidades aprobaron medidas para proteger a inmigrantes que no hubieran sido convictos de delitos.
Las deportaciones de personas sin antecedentes penales bajaron radicalmente durante estos años, pero esto ha vuelto a cambiar bajo Trump.
