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La administración Trump ha separado a 81 niños migrantes de sus familias en la frontera de EE. UU. y México tras la orden ejecutiva del pasado junio que puso fin a esta práctica que buscaba reprimir la inmigración ilegal, según datos del gobierno obtenidos por The Associated Press.

A pesar de la orden ejecutiva y de la decisión posterior de un juez federal para reunificar a las familias separadas, los funcionarios de inmigración pueden separar a un niño de su familias en ciertos casos: cargos criminales graves contra uno de los progenitores, preocupación por la salud y el bienestar del menor o asuntos médicos. Estas advertencias se implementaron antes de la “política de tolerancia cero” que provocó las separaciones de familias.

Es el Gobierno el que decide si un niño enfrenta alguna de estas realidades, situación que preocupa a defensores de los derechos de los inmigrantes ya que temen que los padres sean falsamente etiquetados como criminales.

Desde el 21 de junio, un día después de la firma de la orden del presidente Donald Trump, hasta este martes, 76 adultos han sido separados de los niños. Entre ellos, 51 fueron procesados penalmente, 31 con antecedentes penales y 20 por otras razones no especificadas. Nueve fueron hospitalizados, 10 tenían afiliaciones con pandillas y cuatro tenían órdenes de extradición. Otros dos adultos fueron separados debido a violaciones de las leyes de inmigración anteriores y órdenes de expulsión, según los datos a los que ha tenido acceso AP.

“El bienestar de los niños bajo nuestra custodia es primordial”, dice Katie Waldman, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa la aplicación de las leyes de inmigración en EE. UU.  “Como ya hemos dicho, y las cifras muestran: las separaciones son raras. Si bien hubo un breve aumento durante la (política) de tolerancia cero a medida que más adultos eran procesados, las cifras han regresado a sus niveles anteriores”.

En el apogeo de esta política este verano, más de 2.400 niños fueron separados. Esta práctica provocó indignación y críticas a nivel global por su crueldad.

El juez federal, Dana Sabraw, escuchó una demanda presentada por una madre que había sido separada de su hijo y prohibió más separaciones y ordenó al gobierno reunir a las familias. No obstante, el juez dejó abierta la opción de contemplar más separaciones de casos individuales.

El abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, Lee Gelernt, quien presentó una demanda en nombre de la madre, dijo que esperaba que el juez ordenara al gobierno que los alertara sobre cualquier nueva separación, porque en este momento los abogados no saben de ellos y por lo tanto no pueden impugnar ellos.

El abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Lee Gelernt, quien presentó la demanda en nombre de esta madre, dijo que esperaba que el juez ordenara al Gobierno que los alertara sobre cualquier nueva separación, porque en ahora los abogados no saben de estos casos y por lo tanto no pueden impugnarlos. “Estamos muy preocupados de que el Gobierno pueda separar a las familias basándose en vagas acusaciones de antecedentes penales”, apunta Gelernt.

Según datos del Gobierno, desde el 19 de abril hasta el 30 de septiembre, se separaron 170 unidades familiares porque no se encontró relación entre los integrantes, lo que afectó a 197 adultos y 139 menores. Esto podría incluir a los abuelos u otros familiares que no hubiera pruebas de la relación familiar. En otrosas casos, las separaciones se dieron porque el niño no era menor de edad.

En año presupuestario 2017, que comenzó en octubre de 2016 y finalizó en septiembre de 2017, se separaron 1,065 unidades familiares, lo que generalmente significa un niño y un padre, 46 por fraude y 1,019 por razones médicas o de seguridad.

Miles de inmigrantes centroamericanos han llegado a la frontera de EE.UU. en las últimas semanas en caravanas. Trump trató de negar el asilo a cualquier persona que cruzara ilegalmente, pero un juez ha detenido esta medida.