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El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue condenado por un juez federal a nueve años de prisión tras declararse culpable de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. En una audiencia realizada la tarde del miércoles, el exmandatario aceptó los cargos fincados por la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) que lo acusa de haber desviado recursos públicos a través de una red de empresas fantasma. El político que fue expulsado de su partido -el PRI, en el Gobierno- realizó las operaciones delictivas por medio de un complejo esquema de desvío de recursos al que pretendió otorgarle apariencia de licitud. Según la acusación de la PGR, Duarte giró instrucciones a una red de testaferros que compró cerca de 40 propiedades con recursos provenientes del erario de Veracruz.

Ricardo Sánchez Reyes Retana, abogado de Duarte, dijo que buscará una reducción del 50% de la pena y reiteró que no hay pruebas que acrediten que algún recurso proveniente del Gobierno de Veracruz hubiera ingresado al patrimonio de su cliente de forma ilegal. El exgobernador, explicó en un comunicado, aceptó los cargos porque la ley obliga al procesado a aceptar su responsabilidad a fin de poder acceder al procedimiento abreviado. El titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Federales (una instancia de la PGR), Felipe de Jesús Muñoz, aseguró que la investigación continúa abierta y tienen órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios de Veracruz. El Gobernador de ese Estado, Miguel Ángel Yunes, recordó que Daurte tiene cargos fincados por la Fiscalía local de peculado, ejercicio indebido del servicio público y tráfico de influencias. “Quien piense que Duarte estará en la cárcel en dos o tres años, está totalmente equivocado”, dijo el mandatario en un programa televisivo.

El político fue capturado el 15 de abril de 2017 en Guatemala, donde se encontraba prófugo de la justicia desde octubre de 2016 cuando la Fiscalía mexicana dio a conocer que había emitido una orden de aprehensión en su contra. Tres meses después de su detención fue extraditado a México. Entre las pruebas que ha presentado el ministerio público obran escrituras públicas de los bienes asegurados, como ranchos, predios rústicos, terrenos, departamentos y viviendas. También hay estados de cuentas de los pagos realizados, documentos de constitución de empresas, una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y declaraciones ministeriales de sus cercanos colaboradores. Entre ellos Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública en Veracruz..

Antes de ser extraditado, su defensa había asegurado que su cliente era víctima de una persecución política. Con las acusaciones de la Fiscalía se ha tratado de dar un “matiz” de desviar fondos y comprar propiedades, pero las personas que aparecen en las transacciones no tienen ninguna relación de parentesco que los puedan vincular con su defendido ya que no son sus familiares, expuso en su momento el abogado. En una audiencia celebrada en julio de 2017 en Guatemala, antes de ser extraditado a México, Duarte intentó sacudirse las acusaciones afirmando que en ninguno de los documentos lo señalaba directamente. “En ninguna de las pruebas que acaba de mencionar aparece mi nombre ni de ninguno de mis familiares directos”, argumentó en ese entonces. Sin embargo, tras valorar con sus abogados y con el paso de los meses, decidió cambiar la estrategia y declararse culpable.

La corrupción en la administración de Duarte –cuestionada también por la inseguridad y el asesinato de periodistas– cobró notoriedad a partir de una investigación periodística del portal Animal Político. En mayo de 2016 se desveló una trama que involucraba a funcionarios con altos cargos en el Gobierno de Veracruz. La investigación periodística reveló que la administración pagó a supuestas empresas para suministrar útiles escolares, alimentos y material de construcción a personas de escasos recursos, pero los proveedores nunca llevaron a cabo las acciones. Los servidores públicos habrían organizado 73 licitaciones amañadas para beneficiar a 21 empresas con varios elementos en común: se fundaron al mismo tiempo, cerraron al conseguir un contrato o los socios están relacionados entre sí. La operación involucró el reparto de 35 millones de dólares.