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Hoy por primera vez desde el cierre del gobierno más de 800.000 empleados federales no recibirán su cheque. El impacto económico que esto tiene en sus vidas y especificamente para sus familias esta creando enojo y frustración.

Pese a que no recibirán su pago, algunos empleados son imprescindibles para que funcionen servicios que muchas personas dan por sentados.

En un intento para mitigar la situación a la que se enfrentan, empresas y negocios se están solidarizando con los empleados federales afectados que hoy igualó el récord de 21 días establecido durante la administración del presidente Bill Clinton, entre ellas las grandes compañías de servicio celular y de internet que les están ofrenciendo facilidades de pago y sin interrumpir sus servicios. AT&T, T-Mobile, Sprint y Verizón se ha comprometido a perdonar los incumplimientos de pagos, estudiar las opciones de los clientes, así como establecer un calendario de pagos futuros.

Mientras tanto, miles de millones de dólares reservados para los desastres naturales podrían ser utilizados por el presidente Trump para construir parte del muro fronterizo, según tres funcionarios familiarizados con el caso. Los fondos estan destinados a financiar proyectos civiles en regiones como Puerto rico, que fue devastado por el huracan María, pero como aún no se han emitido los cheques, el mandatario podría reasignar el dinero si hace una declaración de emergencia nacional.

La falta de funcionamiento del gobierno también está causando problemas en los aeropuertos del país, de hecho cientos de trabajadores de seguridad aérea están siendo afectados e incluso muchos han llamado avisando que no podrán acudir al trabajo porque están enfermos.

Un ejemplo de la falta de trabajadores en los aeropuertos lo protagoniza Miamia  donde mañan a la 1 de la tarde hora del este se planea cerrar la terminal G, que reabriría el domingo o lunes. La medida pretende enviar más inspectores a otros puestos de control, con más tráfico de viajeros, y evitar congestión durante el fin de semana.

Los vuelos afectados por esa medida saldrán desde la termiales F y H.

La situación creada por el cierre gubernamental también salpica a la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) que suspendió la inspección de rutina de la mayoría de alimentos elaborados en el país.

Sin embargo, trabajadores sin paga continúan inspeccionando la carne y el pollo y siguen con la revisión de productos extranjeros. Normalmente, la FDA inspecciona 160 instalaciones de comida a la semana.

Y sin ir más lejos, la paralización del gobierno está aumentando el caos en las ya atestadas cortes de inmigración en estados unidos, forzando a aplazar las audiencias de miles de inmigrantes.

Para algunos de los solicitantes de asilo, el impasse pudiera significar años de espera -y separaciones prolongadas de sus seres queridos en el exterior- hasta que reciban una nueva fecha para comparecer en la corte.

Pero para aquellos inmigrantes con pocas probabilidades de recibir asilo, el cierre pudiera ayudarles a evadir la deportación por mucho más tiempo, aumentado precisamente las demoras que el gobierno del presidente donald trump ha criticado.

El cierre federal ha dejado cesantes a centenares de miles de empleados del gobierno y suspendido servicios considerados no esenciales, incluyendo en muchas instancias las cortes de inmigración bajo jurisdicción del departamento de justicia.

Las audiencias para inmigrantes detenidos siguen procediendo, pero miles de otros casos han sido aplazados y nadie parece saber por cuánto tiempo, pues depende de cuándo regresen los empleados a sus funciones y puedan fijarse nuevas fechas para las audiencias.

Expertos de inmigración dicen que esas causas pudieran verse demoradas por meses o años toda vez que las cortes tienen más de 800.000 procesos pendientes, de acuerdo con la oficina de acceso a documentos transaccionales de la universidad de syracuse, y muchas cortes tienen los calendarios llenos.

Los jueces de inmigración presiden una amplia gama de causas complejas de inmigrantes de todo el mundo, algunos de los cuales han arribado recientemente a EEUU y otros han vivido en el país durante años y el gobierno busca deportarlos.

Los jueces han pedido desde hace tiempo más personal para lidiar con la creciente carga de casos, que ha aumentado al doble en los cinco años tras el alza enorme del número de niños y familias centroamericanos que arribaron a la frontera sur. El gobierno de trump ha tratado de acelerar el proceso asignando cuotas a los jueces e impidiéndoles posponer casos.

Algunos de los casos más difíciles para un juez de inmigración son pedidos de asilo o protección de persecución. y las largas esperas pueden ser especialmente duras para los solicitantes de asilo, toda vez que no pueden traer a sus esposas e hijos a estados unidos a menos que sus pedidos sean aprobados.

Por su parte, la asociación que representa a miles de agentes del FBI advirtió el jueves que el cierre parcial del gobierno puede causar demoras en los laboratorios, reducir los fondos para investigaciones y dificultar el reclutamiento o conservación de agentes.

La asociación de agentes pidió a la Casa Blanca y los líderes del legislativo para que asignen fondos al FBI inmediatamente. Hoy es el primer día que los casi 13.000 agentes no recibirán sus sueldos.

Casi 5.000 agentes especiales, analistas de inteligencia y otros empleados están con licencia. Estas ausencias significan escasez de personal y demoras, incluso en el laboratorio. Además hay menos informantes y agentes clandestinos disponibles para las operaciones.

La asociación tiene más de 14.000 miembros, entre agentes en actividad y retirados.

Y hasta el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, está sufriendo las consecuencas de la paralización gubernamental. Los alguaciles que escoltan desde una cárcel en Manhattan hasta un tribunal en Brooklyn (NYC) al hombre considerado uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo pronto pondrán en riesgo su vida y sin recibir paga.