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La huelga de trabajadores públicos de Costa Rica contra la reforma fiscal impulsada por el Gobierno de Carlos Alvarado cumple ya un mes y medio sostenida por los gremios de maestros y profesores. Con el paso de las semanas, el movimiento, iniciado el pasado 10 de septiembre, ha ido perdiendo el apoyo de varios de los sindicatos convocantes, pero miles de educadores se resisten aún a devolver la normalidad a las aulas. El curso lectivo en Costa Rica, que acaba en noviembre, sigue en vilo, mientras los servicios de salud y transporte ya han sido plenamente restablecidos.

El comité coordinador de la huelga reiteró este miércoles la decisión de sostener el movimiento de protesta a pesar de haber fracasado en su mayor objetivo: paralizar la economía nacional de manera suficiente como para obligar al Ejecutivo, de centroizquierda, a retirar su reforma fiscal. Esta propuesta, sin embargo, parece encaminada a su aprobación en el Congreso, después de una primera votación favorable el 5 de octubre, con el apoyo 61% de los diputados entre la minoría oficialista y grupos opositores.

De la aprobación definitiva de la reforma tributaria depende buena parte del futuro económico costarricense a corto y medio plazo: con ella, el Gobierno de Alvarado trata de frenar el severo deterioro de las finanzas públicas y poner límite al déficit público, que ya está dejando sentirse sobre la economía, en plena fase de desaceleración. Algunos partidos opositores y líderes de empresarios apoyan la propuesta, que eleva el impuesto de renta, amplía el de ventas a nuevos sectores y limita el crecimiento de beneficios salariales de empleados estatales.

Los maestros insisten en que la reforma fiscal los afecta de manera injusta. De poco ha servicio la promesa del Ejecutivo de impulsar un proyecto de ley para enmendar un rubro. La amplia mayoría de los educadores mantienen su lucha, según datos del Ministerio de Educación Pública, patrono de 85.000 personas (2,5% de la población mayor de 18 años) que trabajan para 5.500 centros que suman casi un millón de alumnos entre niños y adolescentes. Esta es la base de un modelo considerado ejemplar en la región: Costa Rica está entre los 30 mejores países del mundo en términos de calidad de educación, según el último índice de competitividad del Foro Económico Mundial. La cobertura general en primaria y secundaria supera el 90% y la tasa de alfabetización cercana al 97%, en medio de Uruguay, Argentina y Chile.

“Han capturado el calendario escolar. Es difícil encontrar en este momento una escuela pública o un colegio que funcione con normalidad, menos aún en las zonas periféricas del país”, dijo a EL PAÍS el ministro de Educación, Édgar Mora. Dice que han vuelto a trabajar más de 7.000 educadores, pero la cifra es baja frente al volumen del gremio agrupado en tres organizaciones sindicales poderosas en afiliados y en recursos. El principal portavoz sindical, Gilberto Cascante, dijo que no tenía tiempo para contestar preguntas de este periódico. Una encuesta de la Universidad de Costa Rica (UCR) publicada el 5 de octubre decía que la huelga perdía apoyo popular en su cuarta semana y que tres de cada cuatro costarricenses se oponía a la suspensión de clases en centros educativos.

El presidente Alvarado insiste en la necesidad de una reforma fiscal que permita lanzar señales favorables a los financistas internacionales para mejorar las condiciones de la deuda, que equivale a un 52% del Producto Interno Bruto (PIB). El desfase entre gasto público e ingresos alcanza en este 2018 el 7% de la producción, lo que muestra el peor cuadro de aprietos financieros en 40 años. Aunque la economía se prevé crezca 3% en este año, el Ministerio de Hacienda ya reportó un bajo crecimiento de la recaudación en lo que va del 2018, inferior a 1%, el peor desde la crisis del 2009. “No hay más tiempo. Los sindicatos deben entender que estamos tratando de evitar que sean los mercados los que hagan el ajuste, de una manera más dolorosa”, advertía la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, este miércoles en una de sus decenas de entrevistas para insistir en la necesidad del plan fiscal y en la imposibilidad de complacer a los huelguistas.