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Durante diez años, el Ecuador, soportó un modelo político revolucionario implantado por el partido de gobierno que administró y dejó Rafael Correa al actual presidente Lenin Moreno, cuya herencia política le está costando asumir al actual mandatario ecuatoriano, que solo ha conseguido tranquilizar la marea de un mar bravo que amenaza sobrepasar sus playas para pisar tierra firme, y entonces no permitir construir el programa habitacional de las 325 mil casas que el presidente Moreno ha iniciado en su plan de gobierno.

Pero más allá de esas marea brava, hay que repensar que fueron diez años contínuos de prepotencia presidencial de Correa, en donde se implantó una sola decisión para controlar y prohibir a los ciudadanos su forma de pensar libremente como lo establece su Constitución, a la que también le quitó otros derechos ciudadanos y que se vio afectada la libertad de expresión que la prensa y los periodistas ejercían su profesión, dejando saldos negativos en la vida republicana de un país al perseguírseles y enjuiciarlos hasta conseguir sentencias favorables para el “nuevo dueño del país”, cuando éste secuestró los poderes del Estado al quitarles su independencia como organismos constitucionales.

Este malestar en el que se configuraba una camisa de fuerza impuesta por el expresidente Correa, permitía que su bloque político jamás haya fiscalizado la obra pública del Ejecutivo, porque para eso siempre contó con la mayoría de sus asambleístas, que blindaron todo tipo de fiscalización, cuya imagen de país se deterioró a nivel internacional, cuando casi nadie tomó decisiones para la inversión nacional y extranjera, porque sin garantías jurídicas, libertades y garantías ciudadanas, nadie se atrevería a invertir en el Ecuador.

Pero esta heredad política implantada por un modelo político correísta, deja a los ecuatorianos sumamente preocupados, cuando precisamente aflora la corrupción ante el atraco mas grande en la historia del Ecuador, comprometiendo a altos funcionarios del gobierno de Correa y salpicando el oleaje de mar al hoy dos veces vicepresidente de la República; uno en la época de Correa y el otro con el actual presidente Lenin Moreno, cuando con más asombro, varios asambleístas se atreven a sostener, que por la crisis política que atraviesan los “poseídos” del partido oficialista, la ruptura con el vicepresidente Glas, éstos, tratan de “mediar la situación”, como si la corrupción permite mediarla.

Defender la presunta inocencia de alguien a quien se le ha quitado funciones administrativas vicepresidencial, es haberlo despojado de su absoluta confianza, porque para él ya no goza de la misma y eso es muy grave personal y políticamente para un segundo mandatario,que equivale a dejarlo blindado con un candado de pies a cabeza,como igual pasa cuando a un mal ciudadano se le instala un”grillete”en uno de sus pies para saber a dónde va y qué hace a su alrededor.

Defender la presunta inocencia del vicepresidente ecuatoriano, no encaja como la de una elección partidista, porque se trata de un cargo de elección constitucional y su dignidad como tal se la dio el pueblo mediante elecciones; por lo tanto, mediarla no contempla en ningún parámetro constitucional de nuestras leyes,porque es al sistema económico del Estado al que se perjudica; entonces, ninguna persona que pertenezca a un partido político y en este caso los de Alianza Pais, al que pertenece el presunto inocente de la vicepresidencia de la República, no estarían amparados en una norma constitucional, porque el perjuicio es al Estado Ecuatoriano y no al partido de gobierno al que pertenecen Moreno, Glas y sus asambleístas. Esta situación es partidista interna la que están viviendo los de AP y no un asunto en el que se investiga actos de corrupción en el que si no hay pruebas fehacientes hay evidencias contundentes y por las cuales ya está en duda el comportamiento vicepresidencial.

A estas alturas, para bien del país y de las mismas expresiones del presidente Moreno a que haya total transparencia en el manejo de la cosa publica, el señor vicepresidente del Ecuador Jorge Glas, debe renunciar, por dignidad y sujeta a su ética personal y profesional, la misma que nuestras leyes le garantizan su defensa para probar su presunta inocencia o culpabilidad. Mediar la corrupción en la que se investiga al vicepresidente Glas, no tiene sustento jurídico, porque el caso de corrupción por el perjuicio causado al Estado Ecuatoriano no es materia partidista sino un delito de peculado, en el que se tiene que establecer el enriquecimiento ilícito de todos los funcionarios del anterior gobierno y del mismo expresidente Correa, si se quiere tocar fondo con la corrupción. Entonces, hay que aplicarse las expresiones sabatinas del anterior mandatario ecuatoriano Rafael Correa,…..”prohibido olvidar”…… La corrupción no se trata de lealtad política sino de un delito que se castiga con prisión que no prescribe.