Barcelona.- Cerca de un millón de personas, según los convocantes -unas 350,000 según la Guardia Urbana-, se concentraron en la capital catalana bajo el lema “¡Basta! Recuperemos la sensatez”, portando banderas de España, Cataluña y la Unión Europea.

La multitudinaria manifestación, que superó con creces las previsiones de los convocantes, concluyó en un ambiente festivo con las intervenciones del premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa y del expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell.

“La democracia española está aquí para quedarse y ninguna conjura independentista la destruirá”, aseguró Vargas Llosa, quien se mostró muy crítico contra las autoridades independentistas de Cataluña y advirtió de que el nacionalismo es “la peor de todas las pasiones” y ha provocado “sangre y cadáveres” en todo el mundo.

“Estamos aquí para parar los estragos del independentismo (…) y por eso hoy miles de catalanes han salido a la calle, son demócratas que no creen que sean traidores, catalanes que no consideran al adversario un enemigo, que creen en la democracia, en la libertad, en el estado de derecho, en la constitución”, dijo Vargas Llosa, quien terminó su discurso afirmando: “Viva la libertad, visca Cataluña y viva España”.

Por su parte, el exministro socialista Josep Borrell alertó de que Cataluña está viviendo momentos “casi dramáticos” e hizo un llamado al jefe del Ejecutivo catalán, Carles Puigdemont para que “no empuje el país hacia el precipicio”.

“Si se declara unilateralmente la independencia, este país se va al traste”, dijo.

Borrell rechazó comparaciones con los casos de Kosovo o con las repúblicas exsoviéticas y recordó que “Cataluña no es una colonia” ni un “Estado ocupado militarmente”.

“No más fronteras. El derecho internacional no está del lado del independentismo”, subrayó Borrell, quien lamentó que las empresas que ahora están trasladando sus sedes fuera de Cataluña no hayan hablado antes.

A dos días de que el presidente catalán comparezca en el Parlamento regional para debatir sobre una posible declaración de independencia, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, dejó claro que “la unidad de España no se negocia” y que “bajo el chantaje no se puede construir nada”.

En una entrevista con el diario El País, Rajoy subrayó que el Gobierno español “va a impedir que cualquier declaración de independencia se plasme en algo” y que “España va a seguir siendo España y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo”.

“El Gobierno tomará las decisiones que tenga que tomar en el momento preciso”, aseguró Rajoy, quien insistió en que el Ejecutivo español se encargará de que esa supuesta declaración de independencia, en el caso de que se produzca, “no entre en vigor nunca”.

Rajoy también lamentó la falta de diálogo del presidente catalán, Carles Puigdemont, que es la que a su juicio ha dado lugar a esta situación y su negativa a participar en los grupos de trabajo: “Es muy difícil negociar con quien no tiene más que un objetivo y es incapaz de moverse ni un centímetro”, afirma.

Por ello, Rajoy pidió al catalanismo pactista y moderado que vuelva al marco constitucional y se aleje de “extremistas, radicales y de la CUP”.

A pesar del llamamiento de Rajoy, el presidente catalán mantiene su hoja de ruta y hoy declaró a la televisión pública de Cataluña (TV3) que aplicará “lo que dice la ley” tras el referéndum ilegal del pasado domingo, a pesar de que dicha ley está suspendida por el Tribunal Constitucional.

“La declaración de independencia, que nosotros no llamamos declaración ‘unilateral’ de independencia, está prevista en la ley del referéndum como aplicación de los resultados. Aplicaremos lo que dice la ley”, aseguró Puigdemont, que dio por bueno un referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional y plagado de irregularidades.

Los resultados de esa consulta tampoco fueron avalados por ninguna autoridad electoral independiente ni por ningún órgano oficial, después de que todos los miembros de la Junta Electoral catalana dimitieran de sus cargos para evitar la multa de 12,000 euros diarios fijada por el Tribunal Constitucional para imponer el cumplimiento de la suspensión de la ley del referéndum.