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Los operativos de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en espacios de trabajo en la administración del presidente Donald Trump tuvieron una de más fuertes acciones el 10 de enero en sucursales de 7-Eleven, pero ese fue sólo el comienzo de los problemas de esas tiendas en todo el país.

Aquella mega redada terminó con el arresto de 98 presuntos trabajadores indocumentados en tiendas de 17 estados y Washington, D.C.

Una de esas sucursales está cerca de Los Ángeles, es propiedad de un inmigrante, Gurtar Sandhu, quien tiene otras dos, donde contrata a inmigrantes y la mayoría de sus clientes son jornaleros y trabajadores que comienzan su día a temprana hora, reportó Bloomberg.

El mega operativo de ICE se ha convertido en un problema para la empresa, que busca evitar un impacto negativo a todas sus sucursales y ha comenzado a presionar a sus franquicitarios para mantener en regla sus papeleo laboral, particularmente los relacionados con empleados inmigrantes, a fin de evitar la contratación de indocumentados.

¿Qué consecuencias hay? Los propietarios de tiendas que se encuentren en violación de la ley de inmigración podrían estar incumpliendo sus acuerdos de franquicia y 7-Eleven tiene el derecho contractual de recuperar una tienda de alguien que violó su acuerdo.

El 30 de julio, Sandhu recibió la petición del corporativo en la que se le exigía cualquier documento que denunciara violaciones a la ley de inmigración y le advirtió que corría el riesgo de que su tienda fuera embargada si no cumplía.

“Todo es justo en la amarga y prolongada guerra entre 7-Eleven y sus franquicias”, indica Bloomberg, que describe al director ejecutivo Joe DePinto como un administrador que ha incrementado las tensiones con los dueños de tiendas. “Comenzó a exigir más franquicias: más inventario, más dinero, más adherencia en asuntos grandes y pequeños. Algunos franquiciados han respondido organizándose, quejándose y, a veces, demandando”.

Además de enfrentar las investigaciones de ICE, los franquicitarios deben lidiar con las estrategias de DePinto, quien envía a indagar las sucursales en secreto, con cámaras ocultas y dispositivos para escuchar conversaciones.

“La compañía también ha dado los nombres de franquiciados al gobierno, que en algunos casos ha llevado a las autoridades de inmigración a inspeccionar sus tiendas, de acuerdo con tres funcionarios de Investigaciones de Seguridad Nacional, que al igual que ICE se encuentran bajo la jurisdicción del Departamento de Seguridad Nacional”, reportó Bloomberg.