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Washington.- El gobierno del presidente Donald Trump sufrió un revés judicial en su intento por conseguir que una corte desechara una demanda interpuesta contra su decisión de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) a inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán.

El juez federal Edward Chen ha determinado en su fallo que los tribunales tienen la autoridad para revisar la demanda con la que se pide restablecer el TPS a las personas procedentes de estos cuatro países, y señala que podría haber motivaciones de índole racista detrás de la decisión de cancelar el programa.

El Estatus de Protección Temporal permite que inmigrantes provenientes de naciones que sufren graves disturbios o desastres naturales vivan y trabajen temporalmente en Estados Unidos y renueven regularmente su estatus migratorio.

La administración del presidente Trump ha puesto fin a los programas que benefician a ciudadanos de estos cuatro países, alegando mejores condiciones en esas naciones. En total, más de 300,000 indocumentados de esos países, sin contar a Sudán, quedarían sin protección.

En marzo nueve inmigrantes de los cuatro países mencionados y cinco niños ciudadanos estadounidenses presentaron una demanda contra la decisión de la Casa Blanca, que pidió al juez desecharla, argumentado que el Congreso prohibió a los tribunales revisar las decisiones de la Secretaria de Seguridad Nacional para otorgar o cancelar el TPS.

Ley no impide reclamaciones

Pero el juez Chen señaló que la ley no impide las reclamaciones o los desafíos constitucionales a las “políticas o prácticas generales”.

El juez no dictó una decisión final sobre las reivindicaciones pedidas por los inmigrantes, sino que dijo que parecían lo suficientemente plausibles como para proceder al juicio. La próxima audiencia sería en agosto o septiembre.
En la querella interpuesta en marzo ante una corte de Massachussettts se argumenta que Trump hizo declaraciones que podrían interpretarse como prueba de prejuicio racial y que enturbiaron el proceso de decisión del gobierno sobre el TPS, afirmó Chen.

La demanda apunta que la cancelación del programa deja a los hijos estadounidenses de los inmigrantes ante una “decisión imposible” en la que deben dejar el país con sus padres o quedarse sin ellos.