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En medio del último plazo para la reunificación de familias, una agencia federal ha iniciado una investigación sobre si la Administración Trump violó la ley al eliminar archivos de centenares de familias inmigrantes separadas en la frontera sur.

La Administración Nacional de Archivos (NARA, por su sigla en inglés), inició una investigación a raíz de una queja formal que presentó contra el gobierno el grupo “Citizens for Responsibility and Ethics in Washington” (CREW), el pasado 6 de julio.

La investigación en curso está relacionada con la presunta desaparición o destrucción de expedientes de niños separados de sus padres como parte de la política de “tolerancia cero” en la frontera sur.  

De comprobarse la desaparición de los expedientes, primero reportada por el New York Times, sería una violación del “Acta de Archivos Federales” (FRA), una ley adoptada por el Congreso para, en aras de la transparencia, mantener una “completa documentación de las políticas y transacciones del gobierno federal”.

Esa ley exige la documentación y preservación de todos los archivos y documentos relacionados con “la organización, funciones, políticas, decisiones,  procedimientos y transacciones esenciales” de las agencias federales.

Consultada por este diario sobre la investigación, NARA confirmó la investigación sin dar detalles.

La queja de CREW fue entablada contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a cargo de las operaciones de detención y deportación, y contra el Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), que supervisa los albergues para unos 11,000 niños detenidos en la frontera, incluyendo los más de 2,500 que fueron separados de sus padres desde mayo pasado.

“Con raras excepciones, quizá nunca, una posible violación de la ley FRA habrá tenido semejantes graves implicaciones.

La presunta destrucción de archivos afecta directamente las vidas de miles de inmigrantes que intentan entrar a nuestro país, amenazando la separación permanente de padres e hijos”, dijo Noah Bookbinder, director ejecutivo de CREW.

Bookbinder advirtió, al igual que activistas de la comunidad inmigrante, del gran costo humano de la separación de familias, agravada en este caso por la presunta desaparición de sus archivos.

La desaparición de los archivos habría dificultado la reunificación de padres con sus hijos, porque las autoridades no tendrían forma de comprobar parentesco.

En centenares de casos, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) aparentemente borraron los archivos en los que padres e hijos aparecían como miembros de una misma familia, según CREW.

NARA envió una carta a la CBP el pasado 10 de julio en la que le dio un plazo de 30 días para rendir cuentas sobre las medidas que ha tomado para recuperar los archivos presuntamente desaparecidos, y para evitar incidentes semejantes en el futuro.

Por órdenes del juez federal, Dana Sabraw, la Administración debía reunificar a 103 niños menores de 5 años para el pasado 10 de julio, plazo que no pudo cumplir sino hasta dos días después.

La Administración tenía que reunificar al resto de los niños y jóvenes mayores de cinco años y aún bajo custodia federal.

Una fuente de la Administración, que pidió el anonimato, dijo a este diario que el gobierno cumplirá con el plazo y hasta la fecha ha cumplido “de buena fe” con las peticiones del juez Sabraw a la vez que “promueve la seguridad y bienestar de los niños en poder del HHS, algo que finalmente no sucedió.

Sin embargo, reiteró que algunos adultos indocumentados “no son elegibles” para la reunificación, incluyendo los que ya no están bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), los que están en cárceles locales o federales, o los que “expresaron su deseo de abandonar a sus niños”.

Mientras más adultos sean elegibles para la reunificación, “la Administración continuará haciendo esfuerzos para reunificarlos con sus hijos”, puntualizó.