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Managua.- Inician consulta para “Ley Mordaza” en Nicaragua. Aunque la vicepresidenta designada por el poder electoral, Rosario Murillo, minimizó el impacto de las reformas legales que se preparan para controlar, a través de la penalización, las informaciones en las redes sociales, funcionarios del poder judicial confirmaron las medidas.

Por su parte, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, monseñor Silvio Báez, observa un riesgo en que se pretenda restringir las opiniones de los ciudadanos en las redes sociales justo cuando aumentan las denuncias de abusos contra los funcionarios, a través de esas plataformas en internet.

“El peligro que hay detrás de todo esto y lo que todos estamos viendo es que se coarte la libertad de expresión (…). La Conferencia Episcopal y los obispos estaríamos dispuestos a dialogar, el diálogo siempre es positivo, lo raro es que hasta ahora abran (el diálogo) cuando hay muchas críticas hacia el Gobierno”, expresó monseñor Báez, quien es presidente de la Comisión Pastoral de la Familia.

Debate con aliados

Este jueves, a partir de las 2:00 p.m., en la Asamblea Nacional, empieza la revisión del Código de la Familia y el de la Niñez y Adolescencia, el Código Penal y el Procesal Penal y la Ley 779 o Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Aunque las autoridades insisten en que se busca modernizar las normas para “fortalecer el modelo de familia” que conceptualiza el Gobierno, se van a tipificar como delitos el ciberacoso y las noticias falsas.

Gustavo Porras, diputado sandinista y presidente de la Asamblea Nacional, es quien coordina las consultas que se harán en las comisiones de la Familia y la de Justicia junto con el Ministerio de la Familia. Las consultas empiezan con los magistrados y jueces de Familia, quienes serán los primeros en presentar sus propuestas.

Porras dijo que si las reformas legales “para adecuarse a las nuevas realidades” no están listas “antes de Semana Santa, pues la discusión se continuará en la Semana de Pascua”.

Murillo minimizó

Ante el rechazo de las organizaciones de la sociedad civil y grupos políticos a lo pretendido por el Gobierno, Murillo negó que traten de imponer una censura en las redes sociales.

“En ningún momento nadie ha planteado, no se ha planteado un debate que lleve a limitar de ninguna manera ese intercambio que se da entre las personas a través de los distintos mecanismos de información (…). Eso parece ser una invención de esas que en tantas partes del mundo se llaman hoy noticias falsas”, dijo Murillo en su intervención de este miércoles al mediodía.

Vea además: Gobierno de Ortega amenaza con controlar las redes sociales en Nicaragua

Pero la magistrada de Apelaciones de Managua, Martha Quezada, expresó en un programa radial de la Corte, que junto con el Gobierno, el Ministerio Público y la Policía Nacional “estamos luchando contra este nuevo fenómeno de violencia, conocido como acoso cibernético o ciberacoso”.

Quezada advirtió que “no quedará en la impunidad” lo que consideró una “nueva forma de intimidación a través de las redes sociales. Es la violencia del siglo XXI, por eso me solidarizo con todas las mujeres víctimas de este tipo de delito, que no quedará en la impunidad, ya que estamos tomando acciones para prevenirlos y erradicarlos”, afirmó.

Extraoficialmente se conoció que la Corte presentará un anteproyecto para regular el uso de las publicaciones en las redes sociales, que se basará en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana de España, conocida como “Ley Mordaza”.

Esa Ley española entró en vigencia en 2015 bajo el argumento de “seguridad ciudadana” y prohíbe colgar en las redes fotografías de la Policía en acción, las manifestaciones no autorizadas frente a edificios públicos, como la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia y cualquier dependencia del Estado.

Plantón

Ante la amenaza de que el Gobierno imponga una “ley mordaza”, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil realizan una autoconvocatoria, a través de las mismas redes, para realizar un plantón el 19 de marzo, a las 9:00 a.m., frente a la Asamblea Nacional, para rechazar una posible censura, informó Carlos Jarquín, uno de los organizadores.

Las autoridades prometen un debate con grupos religiosos católicos y evangélicos, sindicatos, empresarios y organizaciones sociales sobre las reformas legales, pero todo indica que se escuchará solo a los aliados.

Monseñor Silvio Báez no había sido invitado y dijo que no tenía información que otros obispos fueran convocados. Quienes sí están invitados son los líderes de diferentes denominaciones evangélicas.