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El gobierno federal anunció ayer la creación de un grupo que coordinará la reunificación de familias inmigrantes cuyos padres han sido deportados o liberados dentro de EEUU, señaló en un escrito judicial.

Según un reporte entregado ayer en una corte federal en San Diego, el gobierno ha instituido un grupo para esta tarea, que responde a un mandato del juez federal Dana Sabraw, quien la semana pasada calificó de “inaceptable” que no se hubiera planteado un plan para enmendar la separación de familias. Ello, dijo, “es responsabilidad 100% del gobierno”.

De acuerdo a la moción presentada en la corte, el grupo estará liderado por el comandante Jonathan White, del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS); Robert Guadian de Seguridad Nacional (DHS); Dale Eppler del Departamento de Estado (DOS); y el fiscal Scott Stewart de Justicia.

“Este plan refleja un esfuerzo significativo interinstitucional para identificar y recopilar información que puede ser utilizada por los demandantes para contactar a miembros de la demanda colectiva y conocer sus deseos con respecto a la reunificación”, señalan los abogados del gobierno en el documento.

En cuanto al proceso de reunificación de familias migrantes separadas en la frontera sur, tras la política de “tolerancia cero” contra la inmigración ilegal que emprendió el mandatario Donald Trump, los abogados del Departamento de Justicia (DOJ) informaron que a la fecha 1,992 niños han sido devueltos a sus padres o a tutores. Otros 559 continúan clasificados como no elegibles para una reunificación inmediata.

El gobierno aún tiene bajo su cuidado a 386 niños cuyos padres ya no se encuentran en el país, de los cuales la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) ha tenido contacto con los padres de 360 menores (299 en los últimos siete días). Sobre los restantes 26, se desconoce el paradero de sus progenitores.

Asimismo, 51 padres fueron liberados de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y hasta el momento no se ha logrado tener contacto con ellos, según el informe. 

Para ellos el gobierno plantea un proceso similar a los grupos que fueron reunificados por orden de la corte. Una vez que sean contactados por autoridades federales se investigarán sus antecedentes y, de no encontrarse factores de riesgo, se procederá a un “proceso expedito para reunificación”. El gobierno cubriría los gastos de traslado que esto conlleve.

Sobre las reunificaciones pendientes en las que los padres están fuera del país, el gobierno no ha revelado cual será su estrategia, aunque en la moción de ayer dijo que se encuentra en la última etapa de elaboración y será presentado “en breve”, sin especificar una fecha.

El gobierno volvió a insinuar que requerirá el apoyo de asociaciones civiles y de la propia Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la organización que interpuso una demanda colectiva a nombre de familias que fueron separadas en la frontera con México.

Por su parte, ACLU corroboró que ha designado un comité para coordinar la tarea de localización de padres que fueron repatriados, liderado por la firma legal Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP y apoyado por grupos sin fines de lucro como KIND (Kids in Need of Defense), Justice in Motion y la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC).

En un escrito también entregado a la corte ayer, ACLU informó que ya recibió del gobierno la lista de los padres que fueron expulsados del país, así como algunos números de contacto de familiares que podrían dar información sobre su paradero.

Ambas partes regresan hoy a la corte para explicar sus avances ante el juez federal Sabraw, a cargo de la demanda interpuesta por ACLU.