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Los Ángeles – EEUU.- Ignacio Lanuza, un inmigrante mexicano, de 47 años de edad, podría ser obligado, por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a pagar la exorbitante suma de 100 mil dólares.

 

De acuerdo con el ministerio, Lanuza, quien trabaja como obrero en el sector construcción, adeuda ese monto por concepto de gastos legales.

 

El mexicano llegó a Estados Unidos de forma ilegal y fue detenido en 2009, luego de que se le encontrara un arma de fuego.

 

Tras su arresto – y para acelerar la deportación – Jonathan M. Love, un fiscal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles), falsificó un acta, en la que se aseguraba que Lanuza había aceptado regresar a México en el año 2000.

 

Con base en ese documento, un juez migratorio ordenó su expulsión del territorio estadounidense. La medida fue ratificada poco después por una Junta de Apelaciones de Inmigración.

 

No obstante, en 2011, el abogado que representaba al obrero notó que el acta tenía el emblema del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en ingles), un órgano que fue creado en noviembre de 2002.

 

Al percatarse de ese detalle, el letrado pudo demostrar que el documento había sido forjado y que el fiscal Love había incurrido en una irregularidad.

 

En consecuencia, Ignacio Lanuza pudo permanecer en Estados Unidos e, incluso, obtuvo la residencia permanente.

 

Tras ese logro, el hombre demando al fiscal Jonathan M. Love, por la violación de sus derechos constitucionales al debido proceso.

 

Aquel recurso fue denegado inicialmente por la jueza de distrito, Marsha Pechman, pero admitido, posteriormente, por la Corte de Apelaciones del 9° Circuito.

 

Por ese motivo, el fiscal Love fue sentenciado a un mes de cárcel. De manera adicional, se le suspendió del ejercicio por toda una década y se le obligó a pagar una indemnización de 12 mil dólares. El funcionario sólo accedió a cancelar seis mil 250.

 

Además de la demanda individual contra Love, el mexicano y sus defensores también accionaron contra el Estado, al que acusaron por causar angustia y por persecución maliciosa.

 

A raíz de esa movida legal, Timothy Durkin, fiscal federal adjunto, ha presentado documentos ante un tribunal de la ciudad de Seattle. En ellos, ha solicitado que constructor y que sus abogados paguen a la Administración federal, pues su denuncia de persecución maliciosa es frívola.

 

Ante tal pedido, los representantes legales de Lanuza han respondido, asegurando que el fiscal federal Durkin sólo pretende vengarse del mexicano, por el hecho de conseguir que un funcionario corrupto pagara por sus irregularidades.