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Los Angeles.- La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del sur y norte de California y de los condados Imperial y San Diego entablaron esta semana una demanda colectiva contra el condado de Riverside por considerar que su programa de prevención juvenil (YAT) es opresivo y anticonstitucional.

Este programa fue creado en 2001 en el condado de Riverside para enfocarse en la intervención de los jóvenes en riesgo. Pero, de acuerdo a ACLU, el YAT trata a los jóvenes que no han sido condenados como criminales reincidentes con registros sorpresivos, visitas no anunciadas a su hogar, estrictas restricciones sobre con quién deben hablar, límites en los horarios e interrogatorios sobre detalles íntimos de sus vidas.

“Es un programa que tiende por mucho a aplicarse a los jóvenes de color”, indican las organizaciones.

La demanda fue entablada en la Corte de Distrito Federal de Riverside de parte de tres estudiantes, uno de ellos latino; y de la organización de mentores Sigma Beta Xi que trabaja con jóvenes locales de las minorías.

El documento solicita que el programa YAT sea forzado a adherirse a la cláusula del debido proceso de la Constitución de Estados Unidos y a las provisiones de la Constitución del estado de California.

“El condado debe proporcionar igualdad y excelencia en la educación y eliminar barreras para el éxito en vez de enfocarse y canalizar especialmente a los niños de las minorías al sistema criminal. Estos estudiantes no son criminales”, dijo Sylvia Torres-Guillén, directora de Equidad Educativa de la ACLU de California.

La querella también fue interpuesta por la fundación de ACLU, la firma legal Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP, y el Centro Nacional del Derecho Juvenil.

Según los demandantes, puede tomar solo una llamada telefónica de un funcionario de la escuela o una figura de autoridad para entregar a un estudiante al programa YAT por ofensas tan leves como tener un récord académico pobre, llegar tarde a la escuela y contestar a los maestros.

Lo peor, indican, es que sin revisión judicial, consejo de un abogado o una exposición completa de los detalles del programa YAT, los estudiantes y sus familias son forzados a firmar que se someten a ese régimen.

Michael Harris, director de justicia juvenil del Centro Nacional de Derecho Juvenil, dijo que mientras que el condado promueve al YAT como un programa de prevención de la delincuencia juvenil, resulta ser en muchos casos, más duro que un programa de libertad condicional.

“Esto no es apropiado para los estudiantes que simplemente no se portan bien en la escuela”, dijo.

Y aunque se supone que el programa YAT, al menos hasta cierto punto, trata de mejorar el desempeño académico, en ocasiones los participantes son sacados de clases para ser interrogados o registrados. Eso puede causar que pierdan clases o exámenes claves, expone ACLU.