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WASHINGTON— Aunque no hay pruebas de una “epidemia” de solicitudes “frívolas” o sin mérito, la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) adoptará a partir del próximo 11 de septiembre su propia política de “tolerancia cero” a errores u omisiones en solicitudes de visas, lo que afectaría a decenas de miles de solicitantes y facilitaría más deportaciones, advirtieron expertos.

La USCIS emitió la noche del viernes, sin mucho ruido, un memorándum con la política que entrará en vigor para solicitudes recibidas después del 11 de septiembre, y que anula la que se aplicaba desde junio de 2013 para la revisión de solicitudes.

La nueva política permitirá que los funcionarios de USCIS a cargo de revisar solicitudes para un amplio gama de visas, incluyendo las alrededor de un millón de solicitudes de residencia permanente y las de ciudadanía, ejerzan una mayor “discreción” procesal para rechazar cualquier solicitud o petición sin antes emitir una notificación previa de que la solicitud corría peligro.

La única categoría de ajustes migratorios excluida del cambio de política es la que cubre a los “Dreamers” amparados al programa de “acción diferida” (DACA) de 2012, explicó USCIS.

Bajo los reglamentos en vigor, si una persona envía una solicitud incompleta o con errores a USCIS, la agencia suele responder con la llamada “Solicitud de Evidencia” (RFE, por su sigla en inglés), o una “Notificación sobre Intención de Rechazo” (NOID, en inglés), básicamente dando una segunda oportunidad para corregir o completar la solicitud.

Pero eso cambiará en septiembre próximo para combatir lo que el director de USCIS, Francis Cissna, calificó como un sistema agobiado por “solicitudes frívolas o sin mérito” que ocasionan demoras en el proceso de adjudicación de casos.

Con este cambio, “USCIS está restableciendo plena discreción a nuestros oficiales de Inmigración para rechazar solicitudes y peticiones incompletas o que no son elegibles para beneficios migratorios”, y de esa forma se desalentarán solicitudes “frívolas” o “esqueléticas” que buscan tomar ventaja del sistema, argumentó Cissna.

La Administración Trump no ha logrado que el Congreso apruebe una ley para reducir la inmigración legal en EEUU –ya hubo dos fallidos intentos este año en el Senado-, por lo que ahora adopta una política que podría tener el mismo efecto.

El cambio se suma a otro reciente que anunció la USCIS y que podría facilitar las deportaciones de personas con visas vencidas, y todo ocurre, según críticos, sin el debido proceso de comentarios públicos que normalmente requieren estas medidas.

Expertos consultados hoy por este diario coincidieron en que el cambio de política, sumado a otros ajustes realizados en los últimos meses y otros previstos a futuro, afectará no solo a los solicitantes de visas sino también a las empresas que dependen de empleados con visas temporales.

“Este es el más reciente de una serie de memos pensados para frustrar el sistema de inmigración legal… los empleadores estadounidenses y los familiares verán que sus casos son rechazados por información incorrecta, y no tendrán la oportunidad de corregirla o dar explicaciones hasta que es demasiado tarde”, advirtió Anastasia Tonello, presidenta de la Asociación de Abogados de Inmigración de EEUU (AILA).

“Este memo no hace nada para combatir el fraude o para proteger a trabajadores estadounidenses. Lo único que hace es poner más trabas para que los que son elegibles para beneficios migratorios disponibles bajo la ley puedan tener acceso a ellos”, enfatizó.

Entre los principales afectados por el mayor escrutinio y “discreción procesal” de USCIS estarían el millón de personas que anualmente solicitan la residencia permanente, los que solicitan visas temporales para estudio o trabajo en EEUU, o incluso los solicitantes de ciudadanía.

“Acá lo que el gobierno está diciendo es que tendrá tolerancia cero para errores en las solicitudes…  si hay errores en las solicitudes, o si faltan documentos, en vez de dar oportunidad a corregirlas, USCIS podrá rechazarlas, y las personas tendrían que empezar de cero, aumentando sus gastos”, dijo, por su parte, Doug Rand, co-fundador y presidente de la empresa Boundless, que ofrece ayuda con servicios migratorios.

“No es ningún secreto que la política oficial de la Administración es reducir la inmigración legal, pero está claro que el Congreso no lo va a hacer, y por eso está viendo formas de desalentarla sin esperar al Legislativo. Esto va a afectar a muchísimas personas “, dijo Rand, exfuncionario de la Administración Obama.

Comenzar de cero, en el caso de una persona que solicita la residencia permanente a través de su pareja, significa desembolsar hasta $1,760 para una segunda solicitud, señaló Rand.

No habrá espacio para errores u omisiones en las solicitudes, muchas de las cuales requieren mucho tiempo y extensa documentación. En el caso de personas que presentan solicitudes en EEUU y son rechazadas éstas afrontarían un mayor riesgo de deportación y de que no puedan regresar al país por al menos una década, según Rand.

En la actualidad, una persona indocumentada que solicita la “tarjeta verde” mediante un cónyuge con residencia permanente, puede simultáneamente solicitar una “exención” especial para poder regresar a EEUU sin la prohibición de entre 3 y 10 años.

Pero aún en esas solicitudes de “exención” por presencia ilegal en el país, que suelen ser muy complejas, USCIS tendría autoridad de rechazarlas, advirtió Rand, quien aconsejó que las personas consulten con un abogado y revisen bien las solicitudes.