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El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), el Departamento del Alguacil del Condado de Orange, y el operador de cárceles Geo Group enfrentan una nueva demanda en California por obstaculizar la comunicación entre inmigrantes detenidos y sus abogados, según se ha conocido este lunes.

Es el caso de Ernesto Torres, de 35 años, que es uno de los inmigrantes nombrados en el reclamo legal. Un indocumentado que ha vivido en Estados Unidos desde el 2002 y que está a punto de la deportación por no haber podido conseguir un abogado que lo represente. Según la demanda, cada vez que el mexicano intenta llamar a las organizaciones que de asesoría legal desde el centro de detención de Adelanto, escucha un mensaje que le informa que la «llamada telefónica no se puede completar». Geo Group es el responsable del manejo del centro de detención donde se encuentra Torres.

La querella asegura que el Gobierno y los funcionarios de los centros de detención de Adelanto y Theo Lacy hacen casi imposible que la mayoría de recluidos contacten y consulten con sus abogados, lo que violaría las Primera y Quinta Enmiendas de la Constitución.

«El gobierno de los Estados Unidos ha colocado barreras arbitrarias entre los inmigrantes detenidos y sus abogados, que deben eliminarse para que se haga justicia», ha dicho Ben Johnson, director ejecutivo de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) una de las entidades demandantes.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la Clínica de Derechos del Inmigrante de la Universidad de Stanford (en nombre de tres inmigrantes detenidos), y otras organizaciones defensores de los derechos de los inmigrantes han presentado el reclamo legal el viernes pasado en el Tribunal de Distrito en Riverside, California.

El juez que lleva el caso del hispano le ha otorgado dos extensiones para presentar su caso. Torres tiene hasta el 2 de enero para conseguir representación legal. Otro de los demandantes es Jason Nsinano, detenido por más de tres años y actualmente en Theo Lacy, cárcel manejada por el Sheriff del Condado de Orange.

Nsinano está bajo custodia especial y sólo tiene acceso al teléfono dos horas, que coincide con que el horario de atención al público de organizaciones o abogados ha terminado.

La demanda pide al tribunal que ordene al Gobierno y autoridades proporcionar a los detenidos llamadas telefónicas privadas y sin supervisión. Además, establecer acceso razonable para los detenidos que no pueden pagar las llamadas y proporcionar espacios suficientes para visitas legales confidenciales.

En un caso similar, el pasado 20 de junio ACLU presentó una demanda de emergencia contra la administración Trump por restringir la comunicación de los abogados y sus clientes detenidos en una cárcel que alberga convictos de crímenes federales, ante la falta de espacio en los centros de inmigración. Un día después, el juez Otis D. Wright II, del Tribunal de Distrito en Los Ángeles, ordenó al Gobierno dar a los detenidos acceso a la ayuda legal.