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Bogotá.- El gobierno de Colombia y las FARC acordaron la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que servirá para darle fin a 50 años de conflicto armado. El anuncio, hecho por el presidente Juan Manuel Santos y el máximo comandante de la guerrilla, Rodrigo Londoño, Timochenko, es un signo contundente de que las negociaciones que se desarrollaron en La Habana (Cuba) llegaron a un punto de no retorno. Tan es así que, según anunciaron las partes, en los próximos seis meses se llegará al acuerdo final y dos meses después, a más tardar, la guerrilla iniciará la dejación de las armas.
Han pasado más de tres años desde aquel 4 de septiembre de 2012 en el que sendas declaraciones de Santos y Timochenko le anunciaron al país la instalación de una mesa de conversaciones. En su reunión en La Habana, los mismos protagonistas superaron el más complicado de los escollos que afrontaba este proceso de negociación. La creación de un sistema de medidas judiciales para los máximos responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, en el marco del conflicto, es la noticia más importante para la paz de Colombia en muchos años.
Con la creación de esta jurisdicción para la paz se sigue materializando la promesa que hicieron las partes desde el inicio del camino: que las víctimas y sus derechos serían el centro de la negociación. En este caso, el derecho garantizado es a la justicia. Penas de entre 5 y 8 años de restricción efectiva de la libertad para los guerrilleros, policías, militares y civiles que reconozcan sus responsabilidades (quienes lo hagan tardíamente deberán pagar ese tiempo en cárceles convencionales), y de máximo 20 años de cárcel para quienes no las reconozcan y sean derrotados en un juicio, son la nuez de los anuncios que venía esperando el país. Los colombianos ya tienen la certeza de que los máximos responsables de delitos tan atroces como el secuestro, el genocidio, las ejecuciones extrajudiciales, el reclutamiento de menores o los delitos sexuales, entre otros, serán sancionados con la privación de su libertad. Y, así, el principal argumento de los críticos del proceso de paz, ese que decía que el proceso de La Habana es un intercambio de impunidades, quedó en buena medida desvirtuado.