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Houston.- Según datos a los que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters, cerca de 1,800 familias de inmigrantes indocumentados fueron separadas en la frontera con México desde octubre de 2016 hasta febrero de este año, según un alto funcionario del gobierno.

“Las cifras son la primera divulgación completa del gobierno sobre cuántas familias se han visto afectadas por las nuevas políticas. Antes, las únicas cifras proporcionadas por funcionarios federales sobre separaciones familiares cubrían un único período de dos semanas en mayo”, señaló Reuters en su reporte.

El funcionario, hablando bajo condición de anonimato, señaló que no podía proporcionar estadísticas actualizadas pero reconoció que el número de separaciones había aumentado dramáticamente en las últimas semanas, en gran parte debido a las políticas del gobierno.

Oficializada por Jeff Sessions

La separación de familias fue oficializada por el fiscal general Jeff Sessions a comienzos de abril tras anunciar la implementación de la política de ‘tolerancia cero’que no solo apunta a la detención y formulación de cargos criminales a quienes sean detenidos por ingresar ilegalmente al país, sino también complica la entrada por las garitas fronterizas y aumenta el escrutinio a los que se entregan porque vinen sin visa a Estados Unidos.

El gobierno asegura que no tiene una política de separación familiar de inmigrantes en la frontera, pese a practicarla

El período para el cual se proporcionaron las estadísticas incluyó los últimos tres meses del gobierno de Barack Obama en 2016, pero el funcionario no pudo decir si alguna de las separaciones ocurrió en ese momento.

La información se reveló el mismo día en que el gobierno del presidente Donald Trump aseguró que “no tiene una política de separación familiar” en la frontera. Así lo reconoció un vocero del Departamento del Seguridad Nacional (DHS) en un correo electrónico a Univision Noticias.

“Política de larga data”

Según el DHS, las separaciones están respaldadas por “una política de larga data del gobierno anterior” que aseguró “puede ocurrir sólo cuando no podemos determinar la relación de custodia, cuando determinamos que un niño puede estar en riesgo con el custodio o cuando el custodio es transferido a un entorno de detención criminal debido a (la formulación de) cargos criminales”.

“Eso no ha cambiado”, precisó la respuesta del DHS. Además añadió que “toma en serio su responsabilidad legal de proteger a los niños extranjeros contra el tráfico de personas y otras acciones delictivas, al tiempo que garantiza el cumplimiento de nuestras leyes de inmigración”.

El DHS también señaló que el 4 de mayo la secretaria Kirstjen Nielsen pidió a los agentes “aumentar los referidos al Departamento de Justicia para enjuiciamientos criminales contra aquellos que violan la soberanía de nuestro país”.

Tolerancia cero

Nielsen posteriormente explicó la política de “tolerancia cero” durante una audiencia ante los miembros del subcomité de Asignaciones para la Seguridad Nacional del Senado.

“Cuando el DHS refiere un caso en contra de un padre o tutor legal para su enjuiciamiento criminal, el padre o tutor será puesto bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos”, subrayó.

Indicó además que, “al ser detenido (el padre o tutor) previo al juicio de conformidad con una orden de un juez federal, el menor es transferido al cuidado del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) como un ‘Menor Extranjero No Acompañado’ (UAC), de acuerdo con la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas del Tráfico (PVTRA)”.

Trump también ha culpado a los demócratas por la práctica de separar familias en la frontera: “Separar familias en la frontera es culpa de la mala legislación aprobada por los demócratas. Las leyes de seguridad fronteriza deben cambiarse, pero los demócratas no pueden actuar juntos. Comenzó el Muro”, escribió el mandatario.

Pero la separación de familias que menciona Trump no fue ordenada por una ley aprobada por los demócratas, como sugiere el gobernante, sino por el fiscal Sessions. La separación ocurre cuando el progenitor o adulto al cuidado de un menor recibe un cargo criminal. Los menores son enviados al cuidado del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS).