Rate this post

MEXICO.- El próximo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador dice que sí puede convertir los 50 consulados de México en Estados Unidos en “auténticas procuradurías de defensa de los migrantes, sin embargo, juristas y activistas debaten acerca de la viabilidad legal y si más allá del nombre lo que importa es que el gobierno mexicano actúe con rapidez y eficiencia en crisis.

“El consulado debe volverse apoyo de la comunidad y ser sensibles en lo que a ésta requiere, más allá de que sea fiscalía o no: lo que hace falta es que sean sensibles al tema“, advirtió Odilia Romero, coordinadora del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales.

“Aquí en California muchos consulados no entienden ni siquiera que algunos migrantes hablan un idioma indígena‘‘.

La promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador fue contratar, para empezar, a 100 abogados y traductores en todas las ciudades fronterizas para iniciar la defensa jurídica de migrantes y que acudirá a instancias internacionales para demandar justicia y defender el principio moral de la fraternidad.

Su próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, confirmó a este diario durante un encuentro realizado en junio pasado con organizaciones binacionales que aún no tienen determinado el esquema para las “procuradurías‘, sin embargo, prometió un esquema diferente de hasta lo que ahora se hace, o sea, contratación de abogados externos que apoyen a los consulados  para atender casos muy específicos.

“Aún no tenemos detalles de la operación, pero sí será de otra manera‘‘.

De acuerdo con las quejas recopiladas por migrantes entrevistados por Impremdia el principal problema en los consulados  es el maltrato por parte del personal; discriminación a personas de bajos recursos, programas consulares  confusos, invisibles y poco difundidos,  páginas web y redes sociales poco útiles para asesorarlos, llamadas sin contestación, largas esperas para tramites y,  sobre todo, falta de atención oportuna para casos de extrema emergencia.

Javier Morales, analista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México que ha centrado su trabajo doctorar en el análisis de consulados y de migrantes indígenas presos en EU, coincide en que lo más importante es que las procuradurías y consulados cuenten con presupuesto suficiente.

Azucena Uresti

@azucenau

Olga Sánchez Cordero explicó que en los meses que ocupe su curul en el Senado antes de asumir la titularidad de la Secretaría de Gobernación buscará impulsar la ley de voluntad anticipada en todo el país, es decir el derecho a la muerte digna Vía @Milenio

“Ahora  el personal no se da abasto con la crisis migratoria con la separación de familias y deportados. Hay un staff que no puede atender oportunamente y actúan con lentitud cuando lo que se requiere es toda la ayuda posible con jornadas más largas“.

La abogada Ericka Batriz Peña, abogada de migrantes y socia de CLYE abogados, considera que sí es jurídicamente posible que los consulados tengan facultades de ser procuradurías   debido a que el derecho internacional permite la extraterritorialidad de las embajadas y consulados exentos de la aplicación de la ley del país en el que está ubicado

“La obligaciones de los consulados son brindar apoyo para realizar trámites, asesorías y protección a los derechos de los migrantes; por ejemplo, si hay violencia domestica hacia mexicanos, ellos denuncian ahí. Tiene funciones del ministerio publico“, advirtió.

La abogada argumenta que lo ideal sería que fueran oficinas remotas o convenio con instituciones privadas de beneficencia pública. “Yo misma he mandado una propuesta para ofrecer mis servicios como abogada defensora de migrantes, por teléfono, pero la respuesta fue nula aún cuando hay una necesidad emergente para una población vulnerable“.