2 (40%) 1 vote

Maryland – Estados Unidos.- De la alegría a la tristeza y la desolación, esa es la historia de Alyse y Elmer Sanchez, una pareja que se encontraba emocionada por haber pasado el interrogatorio para que Elmer obtuviera una tarjeta de residencia permanente para inmigrantes, un paso crucial para legalizar su situación en Estados Unidos.

Alyse, aún desde la oficina de inmigración escribió a su familia un mensaje lleno de alivio y emoción: “El funcionario aceptó el matrimonio como legítimo”, escribió la mujer, sin sospechar que minutos más tarde Elmer, estaría esposado, detenido y pendiente de deportación a su Honduras.

“Creemos que fue una trampa, un truco para que fuéramos allí”, dijo la mujer.

Ella y Elmer, que ahora tienen 31 y 41 años, tienen dos hijos de cuatro y dos años y viven en Kensington, Maryland, él tiene una empresa de reformas de viviendas, mientras que Alyse trabaja en una clínica veterinaria en la cercana localidad de Sandy Spring, su familia “parecía perfecta”, dice ella.

“Todo el mundo tiene sus altibajos en sus relaciones, pero la nuestra ha sido bastante fácil (…) Él ha estado ahí en todos los momentos importantes de mi vida. Él ha sido el momento más importante de mi vida”, dijo.

Alyse y Elmer Sanchez, se suman a otras cinco parejas que han realizado una demanda colectiva acusando a agentes federales en Baltimore de atraer a familias a interrogatorios sobre su matrimonio solo para detener al cónyuge inmigrante y así poder deportarlo.

Las leyes federales permiten a ciudadanos estadounidenses como Alyse intentar legalizar la situación de cónyuges como Elmer, que vivía en el país sin permiso de residencia.

Sin embargo, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) señaló que un creciente número de funcionarios ha “retorcido cruelmente” las normas al detener a cónyuges inmigrantes durante los interrogatorios sobre su matrimonio. La ACLU ha presentado una demanda similar a la de las parejas afectadas en Baltimore, la organización que presentó la denuncia en Massachusetts, ha dicho que se han producido docenas de detenciones en oficinas de Nueva York, Virginia, Florida, Illinois y California.