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Nicaragua – Han pasado 100 días desde que el pasado 18 de abril los nicaragüenses salieran a las calles contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega. La crisis política y social ha dejado al menos 300 muertos, miles de heridos y cientos de desaparecidos, la mayoría civiles.

El descontento con una reforma del sistema de seguro social, impuesta por decreto por Ortega, fue el origen de la protesta del pasado abril. Las manifestaciones acabaron con el enfrentamiento de grupos opositores y los partidarios del Gobierno. Así, las protestas se extendieron al día siguiente por el país con fuerte represión policial. Ahora el reclamo es mayor. Piden la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.

 Vídeo: protestas contra el presidente de Nicaragua (EL PAÍS).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó la muerte de al menos 295 personas en los primeros 99 días del estallido social. Mientras, la no gubernamental Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) eleva las víctimas mortales a 448, 2.830 heridos, de ellos 72 con lesiones permanentes, 595 desaparecidos, cientos de detenidos y decenas de procesados, según un informe difundido este jueves.

La CIDH, con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país”.

Mientras, Ortega este lunes en una entrevista con Fox News negó la manipulación de los grupos paramilitares responsables de la mayor parte de los asesinatos que han sucedido en las manifestaciones. “Son fuerzas que responden a organizaciones políticas, algunas están en la Asamblea Nacional. Son miembros del Partido Liberal y de otros que no participan en las elecciones”, dijo. El mandatario también apuntó que los opositores, que ha calificado de “golpistas”, son los responsables de “ataques contra organizaciones del Estado, la policía, y las familias sandinistas”, y de trancar las principales vías del país.

La “grave crisis” política que vive Nicaragua desde abril se ha cobrado otra víctima, la economía. Este año se calcula que retrocederá al menos un 3% en su producto interno bruto (PIB), según advirtió el gerente general de la Bolsa de Valores del, Gerardo Argüello.

“Las proyecciones hablan de un decrecimiento del 1, del 3, del 5 (por ciento), no se sabe la verdad, porque no se sabe cómo va a terminar todo este año, pero sí le puedo decir: Las empresas en Nicaragua se están viendo enfrentadas a una baja sustantiva de sus ventas”, ha declarado este experto bursátil.

El Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (Cosep) denunció ser víctima de acoso por parte del Gobierno a través de la retención de bienes, repuestos y maquinaria, lo que fue rechazado por la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA).

Según la denuncia del Cosep, “desde hace más de un mes se encuentran retenidas en aduana materias primas, insumos, repuestos, partes y accesorios para maquinaria y productos, destinados al uso de máquinas agropecuarias, comerciales e industriales”, que de no solucionarse “se pone en riesgo la seguridad alimentaria de la población nicaragüense”.

En la joranda de este jueves, los denominados “Autoconvocados”, opositores al Gobierno, celebraron manifestaciones en diferentes ciudades sin incidentes.

Un grupo de estudiantes de Medicina rindieron homenaje a Rayneia Gabrielle Lima, su compañera de origen brasileño asesinada la noche del pasado lunes en el sur de Managua, víctima de los disparos de “un grupo de paramilitares, según informó el rector de la Universidad Americana (UAM), Ernesto Medina.

También la Policía confirmó que mantiene detenido al alcalde opositor del municipio de Mulukukú, Apolonio Fargas, y lo señaló de pertenecer a un grupo “terrorista” que atacó una delegación policial y donde resultaron muerto tres oficiales y un civil.

Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de los años de 1980, también con Daniel Ortega siendo presidente.